La existencia de corrupción y falta de transparencia en las entidades responsables de la seguridad, en las aduanas, en las instituciones financieras tanto públicas como privadas facilita el narcotráfico, el lavado de activos y la violencia y significa un reto importante a la implementación efectiva de políticas antidroga.
La corrupción y el narcotráfico se retroalimentan. Por un lado, la corrupción y la cooptación por organizaciones criminales de instituciones públicas y privadas clave impiden que éstas desarrollen las actividades para las cuales fueron creadas de manera efectiva, autónoma y transparente. Esto es un ataque directo para la democracia y el estado de derecho en el hemisferio. Por el otro, el narcotráfico incentiva a la corrupción al ofrecer recursos, fundamentalmente económicos, a funcionarios públicos y agentes privados que prestan servicios en instituciones generalmente débiles y por lo tanto vulnerables a prácticas corruptas. En algunos países, la corrupción también genera la impunidad, de la que se benefician los grupos criminales organizados. El financiamiento de campañas electorales es una forma usada por organizaciones narcotraficantes para capturar al Estado e incidir en la formulación de políticas y en los procesos judiciales en varios países, creando así un contexto en el tienen mucha libertad para actuar.
Para erradicar la problemática de las drogas y el narcotráfico en las Américas se requiere de instituciones estatales y privadas fuertes y libres de corrupción.
Estamos convencidos de que la eficacia y eficiencia de las políticas antidrogas en las Américas mejorarán si van de la mano de medidas que aumenten la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas de todos los entes estatales y privados involucrados, así como con iniciativas que garanticen una efectiva participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción en sus países y en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Consideramos también que los flujos y los programas antidrogas de la cooperación internacional deben ser más transparentes e incorporar clausulas anticorrupción para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
A continuación presentamos una serie de recomendaciones para que los Estados Parte de la OEA las adopten en la Declaración de la Asamblea General de 2013.