Sin duda, Chile ha dado pasos gigantes en la modernización del sistema de financiamiento de la política para lograr una mayor fiscalización y cumplimiento de las reglas que ordenan la forma en que se ejecutan y financian las campañas electorales.

Para implementar lo anterior, el utilizar las tecnologías disponibles a nuestro alrededor, es sin duda una buena respuesta para enfrentar las brechas que existen en la regulación de la relación entre la política y el dinero, siempre que estas soluciones sintonicen con la realidad de muchas comunas de nuestro país.

Es así como el Servicio Electoral (Servel) dispuso de un sistema electrónico único de donaciones. Sin embargo, este mecanismo parece estar diseñado para una realidad completamente distinta a la que se vive a lo largo del país.

Lo anterior, porque se hizo pensando en un ideal, olvidando realidades de cientos de comunas y miles de ciudadanos que quedarán al margen de la posibilidad de aportar económicamente de manera fácil al financiamiento dirigido a los candidatos de su preferencia o en participar registrando sus aportes económicos en actividades de recaudación tan arraigadas como son las comidas de recaudación, venta de platos únicos, bingos, etc. Este tipo de aportes de campaña no se hace a través de transferencias electrónicas. Para poder hacerlo y cumplir con la ley, según indica el Servel, debieran contar con una cuenta bancaria, clave única del Registro Civil y acceso a internet.

El peligro de crear sistemas teóricamente perfectos como ocurre en este y otros casos incluidos en la denominada agenda de transparencia, es que se pongan los incentivos en el lugar equivocado, ya que claramente los candidatos no dejarán de hacer este tipo de actividades de recaudación y ni el Servel, ni este ni otro, tendrá la capacidad de controlar que estos aportes se contabilicen e ingresen correctamente a la contabilidad electoral.

Por otra parte, los candidatos se verán tensionados entre cumplir al 100%, como debiera ser, o buscar, como hemos visto transversalmente en el pasado, nuevos artilugios, que tarde o temprano se descubrirán.

La ley no sólo debe hacerse para fiscalizar y sancionar, si no también tener la justa flexibilidad que permita cumplir el objetivo final que no es otro que evitar el aporte económico de fuentes y formas ilícitas y permitir que se dé una real y justa competencia en la arena electoral.

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