Hace pocos días se dio a conocer el 5to Índice de Transparencia Corporativa que preparan Chile Transparente, la Universidad del Desarrollo y KPMG. El supuesto que está tras esta medición es que la transparencia corporativa no sólo ayuda a mejorar la confianza en las empresas, sino que también genera mecanismos y principios que disuaden de manera importante la comisión de actos de corrupción al disminuir los “mantos de opacidad” que rigen sobre algunas de sus prácticas.
Si bien se constatan avances importantes en una serie de indicadores, también es cierto que estos resultados se dieron a conocer en medio de un caso que ha provocado gran escándalo a nivel nacional a partir del caso de colusión recientemente conocido y que ha generado gran indignación ciudadana.
Acá no hay dos lecturas, la transparencia es un valor que por sí solo puede quedar sin efecto cuando la ética y los principios se alejan del proceder, particularmente de aquellos que ocupan una posición privilegiada en la sociedad.
En efecto, tal vez este caso ha logrado impactar mucho más que otros conocidos primero, por el efecto acumulativo, en pocos años son las farmacias, los pollos y ahora el papel higiénico. Se trata de la violación a principios fundamentales a la libre competencia en algunos sectores que, convengamos, en lo público defienden las bondades del mercado, pero en su accionar, están dispuestos a sacar ventaja a cualquier costo, perjudicando de manera grotesca a los sectores más vulnerables.
En segundo lugar, este caso ha impactado por los detalles conocidos, cercano a la delincuencia y crimen organizado sin consideraciones ni pudor alguno por el daño causado, digno de una versión a la chilena del “Lobo de Wall Street”.
Del mismo modo, este caso ha dejado ver que si bien las instituciones funcionan, mal que mal nos hemos enterado de esto a partir de una resolución de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), lo cierto es que las penas y las multas a las que se arriesgan estos ejecutivos y los dueños de las empresas son menores, siendo casi una certeza que el nivel de castigo no tendrá ninguna comparación con el nivel de daño infligido.
Hay acá una deuda de la legislación chilena, que debiera sancionar de manera mucho más dura la comisión de delitos que afectan y vulneran la confianza de los consumidores.
Probablemente el tema de debate político-social más importante del año ha sido la forma en que se ha acelerado la crisis de confianza en distintas instituciones en Chile: los partidos, la iglesia y las empresas.
Hay aquí un dilema ético que no es menor y que constituye un denominador común en varios de estos casos: el abuso de poder que, cuando es descubierto, se tiñe de ambigüedad por la sanción moral impuesta por sus pares. Porque acá no sólo se trata de cárcel o sanción pecuniaria, ni de declarar vergüenza o tristeza, se trata de sancionar fuertemente el abuso de poder que vulnera y atropella la dignidad de las personas, en esto esperemos que los gremios empresariales hagan lo propio y no defiendan el interés corporativo que sólo los ayudará a minar los mermados niveles de confianza que tienen en la sociedad.