Es una buena noticia que los partidos políticos quieran corregir los aspectos pendientes en la aplicación de las leyes 20.900 y 20.915. No cabe duda que hemos avanzado en perfeccionar la transparencia y en un mecanismo de financiamiento público y permanente, generando colectividades más fuertes institucionalmente.

Sin embargo, es fundamental debatir sobre la competividad del sistema político. Urge equiparar las condiciones con que candidatos incumbentes y desafiantes compiten en una elección, por ejemplo, limitando o prohibiendo el uso de recursos fiscales en año electoral y estableciendo períodos de 60 días de cesación del cargo antes de la elección.

Cada año hay parlamentarios que hacen uso de ticket aéreo en zonas atractivas para una futura elección, o de alcaldes que utilizan publicidad municipal para actividades de promoción de sus gestiones, haciendo imposible al desafiante competir en una cancha pareja. También es imperativo regular los períodos de precampaña por medio de comités exploratorios, definiendo un plazo real y estableciendo límites a los gastos.

Se han dado pasos pero no podemos quedarnos a medio camino. Se necesita más transparencia y competencia y, a la vez, apoyo a los partidos que sí hacen bien su trabajo. Dar sanciones ejemplares a quienes no cumplen es necesario para tener una mejor democracia, que impida que fuentes corruptas busquen torcer la verdadera voluntad de los electores.

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