Últimamente se ha evidenciado una crisis de confianza hacia los organismos del Estado, la clase política y la institucionalidad en general. En este marco, la sociedad civil paulatinamente ha asumido un rol de actor fiscalizador y participativo, estableciendo diversas formas de organización y canalización de intereses. Este accionar ha tenido ciertas respuestas desde el Estado, como lo han sido el cambio de padrón electoral, la nueva ley de participación ciudadana o la ley de transparencia; las que han sido nuevas herramientas para los ciudadanos, a la vez que han abierto otros espacios de participación.
Por otra parte, desde su surgimiento las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un importante rol social, actuando muchas veces donde no llegan ni el Estado ni los privados, y teniendo por consiguiente una significativa cercanía con la comunidad. Con el paso del tiempo y enfrentándose a esta nueva configuración social, esa cercanía ha generado que las organizaciones sean un importante espacio de participación ciudadana y de ejercicio democrático.
Por consiguiente, desde el reconocimiento de la función que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan, se torna cada vez más urgente la cuestión sobre cómo éstas rinden cuenta de sus acciones y fundamentos; teniendo como público de esta comunicación ya no sólo a sus financistas, sino que también a sus beneficiarios, trabajadores, voluntarios y a la comunidad en general. Es decir, al desarrollar labores sociales en el espacio público –frecuentemente con financiamiento estatal-, se vuelve relevante conocer quiénes son, qué piensan, qué hacen y cómo lo hacen.
Ahora bien, el que actualmente estas organizaciones no desarrollen cabalmente esta rendición, no es síntoma necesariamente de desinterés de su parte, sino que es fruto del contexto en que se desarrollan y las herramientas con las que cuentan (o de las que carecen). Sin ir más lejos, parte importante de éstas reconoce que la transparencia les permite aumentar su credibilidad y confianza ante la sociedad, autorregularse, mejorar su gestión y compartir buenas prácticas con sus pares; no obstante le temen a la competencia por financiamiento y reclaman falta de recursos humanos y técnicos para dedicarles a estas labores.
Un estudio realizado por Chile Transparente en organizaciones sin fines de lucro, establece que uno de los principales obstáculos para implementar políticas de transparencia, es la dificultad de financiamiento que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil. En esta investigación las organizaciones evaluadas alcanzan un nivel de cumplimiento de sólo 13% en transparencia activa, es decir que una escasa parte de la información medida está disponible en sus sitios web. Asimismo se determina que sólo la “misión” obtiene un alto nivel de cumplimiento, siendo publicada por un 77% de las organizaciones evaluadas, mientras que los estados financieros no son difundidos por ninguna.
Sin embargo, aquellas organizaciones que han implementado políticas de transparencia obtienen mejores resultados, especialmente en cuanto a la disponibilidad del certificado de vigencia (58%), canal para recibir denuncias (46%) y declaración de valores (42%).
Frente a esta realidad, Chile Transparente propone un modelo de rendición de cuentas que contempla un mínimo de información que debiese estar disponible, y otra que sería de inclusión progresiva, según las necesidades y capacidades de cada organización. Este modelo fue previamente consensuado en la mesa técnica del Programa Transparentemos, donde participa sociedad civil, sector público y privado.
Si bien se reconoce que tener una definición conjunta sobre qué aspectos debe contener una rendición de cuentas de las organizaciones es un avance significativo; se plantea la urgencia de aunar esfuerzos desde todos los sectores para apoyar a éstas en la implementación de su transparencia. Esto implica capacitarlas, proveerlas de tecnologías, unificar las rendiciones hacia organismos del Estado, otorgar incentivos o facilidades a las que rindan cuentas, entre otras medidas.
La sociedad civil organizada es un actor relevante en el funcionamiento democrático y de apoyo a sectores sociales más vulnerables, por lo que es imperativo que fortalezca sus lazos de confianza. Una herramienta para esto es transparentar su información, requiriendo sin duda que como sociedad determinemos la forma de llevar a cabo este desafío.