El escenario que atraviesan nuestras sociedades, con una desconfianza ciudadana que se ha instalado de manera preocupante y con fuerza, nos abre una oportunidad histórica.
La transparencia y el derecho de acceso a la información pública constituyen herramientas esenciales para el control social que puede ejercer la ciudadanía en su rol de moderar y contener el poder del Estado.
Bien implementada, la transparencia es una aliada formidable de las democracias representativas, pues aporta a la construcción de confianza y credibilidad en las instituciones, además de garantizar el ejercicio de la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las autoridades.
En Chile, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública acaba de cumplir seis años, como también el Consejo para la Transparencia, encargado de promover, garantizar y fiscalizar el cumplimiento del derecho que tienen los ciudadanos de solicitar y recibir información a los órganos del Estado.
En España, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es más joven, acaba de cumplir seis meses. La norma recoge las disposiciones dispersas ya existentes en la materia, dándole además el rango de norma suprema y haciendo, con ello, una alianza con los ciudadanos.
Enmarcado en los principios de colaboración e intercambio de experiencias, se realizó días atrás en nuestro país el IV Foro de Transparencia y Buen Gobierno “Implementación de la Política Pública de Transparencia”, en el que se compartieron las buenas prácticas y desafíos en esta materia, a la vista de las realidades que se viven en Chile y España, con el patrocinio de la Fundación Chile-España, la Universidad de Alcalá, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Consejo para la Transparencia.
Inspirados en el mandato de las respectivas leyes, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno español y su homólogo chileno actúan con la convicción de que solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio y los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que los afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterio actúan las instituciones, se puede hablar del inicio de un proceso en el que el Estado comienza a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación.
El desafío es mayor: abonar y hacer crecer la cultura de la transparencia en una sociedad compleja y desilusionada.
No estamos solos, nos acompañan la demanda de los ciudadanos, la desafección hacia las instituciones, la necesaria regeneración democrática, el entorno y, cómo no, los lazos construidos entre ambas naciones.
En la coyuntura actual resulta esencial comprender que la transparencia y el derecho de acceso a la información pública son una vía sin retorno en la que necesitaremos del compromiso político de nuestros gobernantes, el impulso de nuestros representantes en los Parlamentos, el trabajo de nuestras administraciones y la vigilancia cómplice de nuestros ciudadanos, todos ellos investidos del derecho a saber, del deber de exigir.