Probablemente como pocas veces en las últimas dos décadas, Chile se encuentra ante definiciones de grueso calibre, que determinarán el futuro de nuestra democracia y las prácticas que asuma la política en el corto y largo plazo. Esto, por cierto, no sólo por los escándalos de corrupción que han impactado a la opinión pública en el último tiempo, sino porque, como muestra el Informe de Desarrollo Humano 2015, estamos frente a una sociedad que ha ido cambiando de manera acelerada, sin que nuestro sistema político haya generado la suficiente capacidad de respuesta para hacer frente a nuevas realidades.
En tal sentido, la discusión de la agenda de probidad y transparencia que se ha propuesto la Presidenta Bachelet, a partir del resultado de la comisión Engel, tiene la máxima importancia. Se trata de instalar un cambio tanto legislativo como cultural respecto a la necesidad de asumir estándares de transparencia de nivel mundial y con ello modificar, que duda cabe, el sentido y la práctica de la política.
Es por esta razón que es del todo relevante que el debate de la agenda adquiera la coherencia y la celeridad necesaria para evitar la lógica del “patchwork” que muchas veces hemos visto se ha instalado en la discusión de reformas complejas y que finalmente termina por traicionar los propios objetivos buscados, obligando luego a impulsar modificaciones que, de haber sido sujeto de mejor análisis en el origen, podrían haberse enfrentado mejor.
Es por este motivo que algunas organizaciones de la sociedad civil hemos planteado al ejecutivo la necesidad de darle coherencia, liderazgo y conducción al debate, señalando al mismo tiempo algunas observaciones puntuales sobre cuestiones que están en trámite legislativo y que vale la pena analizar.
Entre ellas, por ejemplo, parece del todo relevante poner en la discusión de los partidos políticos la necesidad de que, junto con entregarles financiamiento público y revalorizar el rol que cumplen en el debate nacional, exigirles estándares de transparencia que sean coherentes con el rol que van a cumplir. En tal sentido, considerando que nuestro país tiene una ley de acceso a la información y una institución (el Consejo para la Transparencia) encargado de velar por estos temas, es que es fundamental que los partidos políticos sean sujetos obligados de esta ley. Esto implica considerar, por cierto, que sus obligaciones de transparencia activa (publicación en la web) y pasiva (respuesta a solicitudes de acceso) estén en sintonía con la naturaleza de sus funciones, considerando que esta constituye una tremenda oportunidad para acercarse a la ciudadanía.
Del mismo modo, considerando que el próximo año se inicia un ciclo electoral con la elección municipal, que terminará con la elección parlamentaria, de consejeros regionales y presidencial del 2017, es que se hace urgente que se apruebe a la brevedad tanto la reforma constitucional que eleva el rango de Servel, como la reforma específica que le da nuevas responsabilidades y le otorga nuevas capacidades.
No podemos arriesgar hacer cambios sustantivos a la legislación en materia de financiamiento y campañas electorales, si no somos capaces de poner a nuestra institucionalidad electoral a la altura del desafío, entre otras cosas, porque es un requisito para mantener la confianza sobre nuestro sistema de elecciones y evitar en el futuro que el poder del dinero conquiste los espacios que son propios de la soberanía popular.
Sin duda, son muchas otras las materias de esta agenda que es importante observar con detalle y por la misma razón, el llamado tiene que ser a la coherencia y al debate abierto sobre cuestiones que sólo pueden contribuir a mejorar los estándares de nuestra democracia.