Nuevamente, los chilenos somos testigos del despilfarro de recursos públicos en un municipio, esta vez producto de la irresponsabilidad de algunos concejales de Arica, quienes entre 2013 y 2016 gastaron $72 millones en viajes de “capacitación” a distintos países, objetados por la Contraloría General de la República, según consigna un artículo de “El Mercurio” en su edición del 18 de octubre.

Como esta no es la primera vez que se da a conocer este tipo de prácticas, lo único que se demuestra a la ciudadanía es que algunos concejales y sus respectivas municipalidades no aprenden, o bien no tienen voluntad de hacerlo, y sin ningún pudor viajan a distintos países a hacer cualquier cosa, menos cumplir las funciones que les mandata la ley y la Constitución.

Como capítulo chileno de Transparencia Internacional, queremos destacar la labor que la Contraloría ha cumplido en el ámbito municipal, uno de los que enfrentan mayores problemas de corrupción, según el informe del Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción.

Esto demuestra que, efectivamente, el organismo fiscalizador requiere mayores recursos que los contemplados en el proyecto de ley de presupuesto 2018, que solo se los aumenta en un 2%, por debajo del alza de 4% solicitada por el contralor.

A la luz de las situaciones que se han visto en los municipios, necesitamos una Contraloría más robusta y dotada de los recursos necesarios, que la ayuden a fortalecer su capacidad para detectar casos de corrupción en el sector público, así como a terminar con malas prácticas, como estos viajes discrecionales, especialmente de comunas con escasez de fondos, como es el caso de Arica.

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