El debate sobre la transparencia se ha tornado un lugar común en Chile y no se podía esperar otra cosa, si frente a la opacidad en el ejercicio de la política en las últimas décadas (aquello de la cocina y de los salones donde no todos caben) y que ha quedado al descubierto tras sucesivos escándalos de corrupción conocidos en el último tiempo, la transparencia y el acceso a la información se transforman en un arma de la que se pueden valer los ciudadanos para defenderse y para exigir igualdad ante la ley.
En efecto, hoy mucho más que ayer, sabemos que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y que no existen excusas para que los órganos del Estado obligados a informar, puedan negarse a hacerlo.
Probablemente con la aprobación de la ley en 2008, en Chile el uso que han hecho los medios de comunicación para destapar situaciones irregulares y una ciudadanía más informada y demandante, han cambiado para siempre los parámetros sobre los cuales se desarrolla el ejercicio de la política y la función pública.
Situaciones que antes parecían normales, hoy parecen intolerables frente al escrutinio público y tal vez sea por esa misma razón que parte importante del mundo político esté todavía un poco perplejo y consternado porque sienten que están siendo víctimas de una conspiración, cuando en realidad lo que han cambiado son los estándares sobre los cuales se juzga y observa el ejercicio de las autoridades públicas.
Esto ha provocado una crisis en el sistema político, que duda cabe, pero también constituye la oportunidad de mejorar la calidad de una democracia heredada de una transición llena de enclaves y prácticas que hoy ya no tienen cabida, lo que constituye más una discusión sobre la ética social que sobre lo legal.
En tal sentido, vale plantearse una discusión que tiene que ver con la institucionalidad que soporta todo este entramado de la transparencia, porque a varios años de su creación, es necesario fortalecer su musculatura para garantizar que el acceso a la información se transforme efectivamente en un derecho “llave” que habilite para los ciudadanos el ejercicio de otros derechos.
Me refiero concretamente al Consejo para la Transparencia, órgano encargado de velar por la transparencia y que tiene como órgano rector a un consejo compuesto por cuatro miembros, que por cierto no tienen dedicación exclusiva, cuestión que ha sido el debate en la agenda pública de los últimos días.
A este consejo le cabe la labor de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a todos los “sujetos obligados” que son básicamente instituciones del Estado entre los que se encuentran gobierno central, regional, municipios, empresas públicas y recientemente algunas disposiciones sobre los partidos políticos.
La labor que cumple el Consejo es tremendamente importante y, en tal sentido, vale la pena ir más allá del debate de los últimos días para preguntarse si las atribuciones e instrumentos que tiene, le permiten efectivamente realizar a labor para la cual ha sido creado.
Aquí me detengo para analizar algunos de los principales desafíos que creo que enfrenta esta institución y que, aprovechando las discusiones actuales, debieran hacer que el legislador impulse iniciativas en esta dirección, considerando los tremendos avances en la agenda de probidad durante el último periodo y la escasez de medidas discutidas en materia de transparencia y acceso a la información.
Primero, la autonomía constitucional del consejo. Si bien esto ha perdido fuerza en el debate, lo cierto es que es muy relevante darle al consejo el estatus que requiere para desarrollar su tarea con independencia de cualquier poder del Estado.
Segundo, fortalecer su consejo. La existencia de un órgano rector cuyos consejeros no tienen dedicación exclusiva evidentemente plantea límites a su labor. Pensar el consejo como un órgano fuerte con consejeros de dedicación exclusiva que puedan impulsar distintos aspectos de la política de transparencia y acceso, es una oportunidad para avanzar con un horizonte de largo plazo.
Tercero, y de la mano del fortalecimiento del consejo, aumentar la cantidad de sujetos obligados por la ley es una buena manera de promover estándares de transparencia más allá de los órganos del Estado hoy obligados.
En efecto, hoy en día ni el parlamento ni el poder judicial, ni tampoco aquellas entidades que reciben aportes del Estado son sujetos de esta norma. Sería interesante, así como sucede en otros países de la región que han avanzado sustantivamente en este punto,que en Chile avancemos también hacia allá, más aún porque se trata en muchos casos de salvaguardar el interés de los ciudadanos respecto a las actuaciones de estas entidades.
Cuarto, promover un sistema integral de transparencia. Hoy en día muchas disposiciones de transparencia están dispersas en distintos organismos que tienen que cumplir esta labor. Darle coherencia a este debate implica también generar un sistema donde se organicen y homologuen varias de estas obligaciones.
Por último, algo no menor es que en Chile aún está pendiente definir la institucionalidad de protección de datos personales. Al igual que la transparencia y el derecho a acceso, se trata de una manera de tratar la información, en este caso personal, particularmente aquella que tiene carácter sensible, de modo de evitar que se haga mal uso de ella y se vulneren derechos fundamentales de las personas.
Considerando que se trata de dos derechos que deben tratarse de manera complementaria, bien vale la pena que dicha labor recaiga también en el Consejo para la Transparencia, lo que implica por cierto una doble carga en las funciones que hoy se le asignan. Un ejemplo interesante al respecto es el del ex IFAI actual INAI de México (Instituto Nacional de Acceso a la información pública y proyección de datos personales) que ha asumido dicha tarea en un solo organismo fuerte y robusto.
En suma, creo que el debate que se ha planteado es una oportunidad para dar visibilidad a un órgano tan importante como el CPLT y avanzar, así como se ha hecho en materia de probidad, en una agenda sustantiva que fortalezca y garantice el acceso a la información pública y la transparencia en Chile.