Miércoles 23 de septiembre de 2009
Las empresas deben combatir la corrupción para fomentar la sostenibilidad económica
Nuevo informe de Transparency International muestra que la corrupción en los negocios cuesta miles de millones, perjudica al comercio, al desarrollo y a los consumidores.

El masivo alcance de la corrupción global como consecuencia de sobornos, carteles de fijación de precios e influencia indebida sobre las políticas públicas, tiene un costo de miles de millones de dólares y obstaculiza el crecimiento económico sostenible, señala un nuevo informe difundido hoy por Transparency International (TI).

El Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado (IGC) muestra de qué manera las prácticas de corrupción se convierten en una fuerza destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y, en definitiva, atenta contra la existencia misma de las empresas. Tan sólo en los últimos dos años, las empresas han pagado multas por miles de millones de dólares debido a prácticas corruptas. El costo de la corrupción incluye además el debilitamiento de la moral del personal y la pérdida de confianza de los clientes y posibles socios comerciales.

“Impulsar una cultura de integridad corporativa es fundamental para proteger las inversiones, incrementar el éxito comercial y asegurar la estabilidad que buscan países ricos y pobres por igual, especialmente mientras salimos de una crisis histórica”, manifestó la Presidenta de TI Huguette Labelle.

El Informe documenta numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros actores de sociedades comerciales que abusan de su poder para beneficio propio, perjudicando así a propietarios, inversionistas, empleados y a la sociedad en general. Tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos por un total de hasta US$ 40.000 millones por año, según el IGC.

El Informe también señala que la mitad de los ejecutivos de empresas internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el costo de los proyectos. En definitiva, son los ciudadanos quienes pagan el costo: los casi 300 carteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por US$ 300.000 millones.

Otro de los problemas que aborda el Informe es el modo en que el fuerte poder económico de algunas compañías y sectores comerciales les otorga una influencia desproporcionada e indebida sobre el proceso de adopción de decisiones políticas. La falta de regulación de este tipo de influencia fomenta el surgimiento de sistemas cleptocráticos y paraliza el crecimiento. Las iniciativas de lobby a menudo carecen de transparencia y no se encuadran en el sistema de controles y contrapesos del que dependen las compañías para sus decisiones estratégicas. Por ejemplo, durante 2008, alrededor de un tercio de las compañías incluidas en el índice Standard & Poor´s 100 exigieron que la Junta Directiva controlara los gastos con fines políticos.

El traspaso entre el sector público y el privado (puertas giratorias o revolving doors), otra práctica documentada en el Informe, facilita los procesos de contratación pública fraudulentos, en los que la oferta no competitiva y la falta de transparencia generan enormes derroches y bienes y servicios poco confiables.

La cantidad y variedad de formas en que se manifiesta la corrupción en el sector privado superan ampliamente en número a las pocas empresas que efectivamente ponen en práctica sistemas destinados a prevenir el abuso de poder con fines económicos ilícitos. Según el Informe, si bien casi el 90% de las 200 principales compañías mundiales han adoptado códigos de prácticas empresariales, menos de la mitad afirmaron monitorear su cumplimiento.

Muchos de los países que ocupan los últimos puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado anualmente por TI — que mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en más de 170 países— no sólo están a merced de los actos de gobiernos inescrupulosos sino también de grandes compañías dispuestas a celebrar acuerdos corruptos con esos gobiernos. Estas complejas redes, que involucran mucho más que simples sobornos, son posibles gracias a que las compañías creen que pueden participar en este tipo de prácticas delictivas sin sufrir consecuencias.

“Supeditar el futuro de una compañía o un fondo a relaciones personales y sistemas impredecibles, o simplemente operar en una zona oscura sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas es una fórmula para el fracaso seguro”, afirmó Labelle.

La integridad corporativa es rentable. Se ha comprobado que las compañías con programas anticorrupción y pautas éticas sufren hasta un 50% menos de incidentes de corrupción, y tienen menores probabilidades de perder oportunidades comerciales que aquellas que no poseen este tipo de programas. Si bien existe un amplio acceso a las herramientas para combatir la corrupción en las empresas, estas deben acelerar su implementación.

La falta de confianza en la ética corporativa que se evidenció durante la actual crisis económica hace más urgente aún la necesidad de promover mecanismos contra la corrupción como parte integral de las operaciones de una compañía.

“Combatir exitosamente la corrupción significa buenos resultados económicos. Es hora de que las compañías se enfrenten a la posibilidad de pagar multas millonarias y de perder en el largo plazo la confianza de sus clientes y accionistas”, agregó Labelle. Los directores ejecutivos con visión de futuro ya están actuando enérgicamente contra la corrupción y reduciendo los riesgos para asegurar el crecimiento sostenible de sus empresas, basado en la integridad como eje de sus operaciones.

La integridad corporativa es mucho más que la sostenibilidad de los ingresos o la rentabilidad. Cuando empresas irresponsables son partícipes de actos de corrupción, las consecuencias pueden ser devastadoras. La corrupción puede causar daños imprevisibles, desde escasez de agua, condiciones laborales indignas o tala ilegal hasta medicamentos peligrosos o el desplome mortal de construcciones deficientes o ilegales. El sector privado tiene un rol crucial en prevenir estas consecuencias, actuando de manera transparente y responsable cada vez que realiza operaciones con fines de lucro.

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