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Antes de culminar su periodo, quienes integraron el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (Crap) hasta marzo de 2018, resolvieron endurecer varios aspectos de los criterios de uso de los recursos que otorga el Estado a los congresistas para ejercer su labor legislativa.

Entre estos, y apegado al mandato que posee el consejo para determinar la forma en que se deben gastar las asignaciones, se estipuló que las asesorías externas que pueden contratar los parlamentarios deberán tener un carácter “esporádico” y para fines especiales. Esto, según se explicó, con el propósito de evitar que se confunda esa colaboración con la labor del personal de apoyo permanente, del que también disponen los legisladores.

El Crap también dispuso que los informes de respaldo del trabajo de los asesores externos -y de otros funcionarios a honorarios- debían ser enviados con copia al Comité de Auditoría Parlamentaria para su fiscalización. Además se restringió la disposición de pasajes para algunos parlamentarios y sus asesores, el gasto en propinas que hasta diciembre de 2017 pagaba el Congreso, y se especificó que los insumos como herramientas para oficinas que se adquieren a cuenta de ambas cámaras debían quedar como parte del patrimonio de la corporación.

Sin embargo, con la asunción de los nuevos miembros del Consejo de Asignaciones -encabezado por Andrés Zaldívar e integrado por Enrique Marshall, Arturo Irarrázabal, Alfonso Vargas y el ex ministro José Antonio Gómez-, esta normativa quedó sin efecto por, al menos, 60 días. Y de ser necesario, será modificada.

Según distintas fuentes en el Congreso, la solicitud de detener la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio provino de los propios parlamentarios. Y tras ser aprobada en el consejo, la decisión fue formalizada mediante un oficio.

Quienes leyeron el texto dicen que en su primer punto el Crap considera razonable acoger la propuesta de los parlamentarios, en orden a “postergar la entrada en vigencia del nuevo régimen de asignaciones parlamentarias por un plazo de 60 días, contados desde el 11 de marzo de 2018”.

Del mismo modo, en el documento -que fue enviado a las mesas del Senado como de la Cámara- se alude que la postergación apunta a garantizar un adecuado funcionamiento de la labor parlamentaria.

En ese sentido, el nuevo consejo realizará “un examen exhaustivo del régimen propuesto, a fin de determinar su sentido de alcance y de ser necesario formular una nueva propuesta”.

Así, la instrucción que recibieron las corporaciones fue que, durante estos días, se mantendrá la normativa de 2017. Eso, sin embargo, manteniendo los recursos adicionales que el Ejecutivo había aportado. Para el caso de los senadores, $ 2.100 millones. Y para el de los diputados -obtenidos a través de sus saldos finales de caja y reasignaciones-, por un monto total de $ 1.700 millones.

El vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, confirmó que fueron notificados del retardo de la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones. “Efectivamente, se ha pedido, para un mejor resolver, darse un plazo de 60 días para ahondar en el tema que se ha resuelto por los anteriores integrantes. Esa es la solicitud que nos hizo llegar precisamente el ex senador Zaldívar”, dijo. Bianchi también comentó que, a su juicio, los cambios generaban problemas internos con contratos de asesores vigentes: “Hubo muchas situaciones que se impusieron y que terminaron afectando el trabajo. Un ejemplo: a todos los senadores de regiones se nos quitaron los pasajes para nuestros jefes de gabinete, secretarios o periodistas. Por tanto, para hacer nuestro trabajo, no tenemos cómo trasladar a nuestra gente”.

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