Los países con riquezas en recursos no renovables enfrentan oportunidades especiales y desafíos especiales. Si se utilizan bien, estos recursos puede crear mayor prosperidad para generaciones presentes y futuras; si se utilizan mal, pueden causar inestabilidad económica, conflicto social y daño ambiental permanente.

La explotación de los recursos naturales debería ser desarrollada con el fin de ayudar a un país a alcanzar sus metas sociales y económicas más amplias; no como un fin en sí misma. Esto significa tener una visión de cómo el sector de los recursos calza con el futuro económico del país. Cualesquiera sean las metas últimas de desarrollo que tenga un país, hay ciertos lineamientos que pueden ayudar a maximizar las oportunidades que ofrece la riqueza de los recursos para el desarrollo económico y social.

Existen países ricos en petróleo, gas y otros minerales, que enfrentan pobreza al perderse los ingresos de la venta de estos recursos por la corrupción y falta de rendición de cuentas de los gobiernos. La “maldición de los recursos” o la “paradoja de la abundancia” describe el fenómeno que consiste en que los países que son ricos en recursos naturales, terminan siendo más pobres y teniendo más desigualdad que los países que no cuentan con ellos. Esto puede deberse a la corrupción, la baja en la competitividad de otros sectores económicos, y la volatilidad en los mercados.

En consecuencia, la transparencia en las industrias extractivas se ha vuelto una necesidad a nivel mundial.

Para que los ciudadanos de los países con riquezas naturales puedan exigir la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y las empresas extractivas, de modo de asegurar que los recursos sean utilizados de manera justa y sustentable, deben contar con toda la información sobre la administración de estos recursos. La transparencia se vuelve así una herramienta que también permite a los inversionistas evaluar los riesgos.

El movimiento por la transparencia de las industrias extractivas se remonta ya a más de una década. En 2002, diversas organizaciones, entre ellas Global Witness, Open Society Institute, Oxfam GB, Save the Children UK y Transparency International UK, lanzaron la campaña Publish What You Pay, llamando a todas las empresas de recursos naturales a revelar sus pagos a gobiernos en cada uno de los países de operación. A esta coalición se han unido otras ONG a lo largo de los años y hoy cuenta con más de 300 miembros. También en 2002 comenzó la iniciativa de Revenue Watch, como un programa del Open Society Institute enfocado en cómo las autoridades recolectaban y utilizaban el dinero en países productores de petróleo. Revenue Watch se transformó en una organización independiente en 2006. En la Cumbre del Grupo de los 8 en Evian, Francia, en 2003, se decidió establecer la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un proceso global que reúne a los gobiernos, las empresas y grupos de la sociedad civil en pos de una mayor transparencia y fiscalización independiente de los ingresos del petróleo, el gas y los minerales.

El trabajo de estas organizaciones e iniciativas ha tenido frutos. En julio de 2010, el Congreso de Estados Unidos aprobó la sección 1504 de la Dodd-Frank Act, una medida que obliga a todas las empresas registradas ante la SEC (Securities and Exchange Commission) a informar públicamente los montos que pagan a gobiernos extranjeros para acceder a la extracción de petróleo, gas y minerales.

El 22 de agosto de 2012, la SEC emitió las regulaciones finales para implementar esta legislación, que entrará en vigencia en 2014, y tendrá un impacto en la enorme mayoría de las grandes empresas de recursos naturales a nivel global.

En su momento, quienes se oponían a estas nuevas regulaciones argumentaban que obligar a las empresas a publicar esta información costaría billones de dólares, y que se les perjudicaría con la divulgación de información clave a los competidores. Sin embargo, gigantes como Statoil, Rio Tinto, BHP Billiton y Newmont, por largo tiempo han entregado una gran cantidad de información al público sobre sus pagos extranjeros y no parecen haber sufrido a causa de ello.

Sobre la base del estándar de publicación establecido por la legislación de Estados Unidos, ya varios otros países han declarado su interés en establecer requerimientos similares, incluyendo el Reino Unido, Noruega y Corea del Sur. En octubre de 2011, la Comisión Europea adoptó propuestas legislativas sobre la base del precedente de Estados Unidos, al obligar a las empresas de la Unión Europea a publicar los pagos a gobiernos a cambio de petróleo, gas y recursos minerales y forestales.

En consecuencia, la industria extractiva se enfrenta hoy a nuevos desafíos en cuanto a la transparencia de sus actividades y la forma en que debe rendir cuentas del uso de los recursos naturales, que merecen una reflexión por parte de actores internacionales, de los estados, de las empresas y de la sociedad civil.

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