Luego de dos horas de debate –y con la presencia del ministro Nicolás Eyzaguirre-, la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado aprobó, al final de la jornada de ayer martes, las últimas indicaciones pendientes del proyecto de ley sobre el fortalecimiento de la democracia.
Esta iniciativa legal suprime los aportes de empresas y las donaciones reservadas, junto con establecer un nuevo sistema de financiamiento estatal.
En lo específico, fueron aprobadas las directrices referidas a las sanciones penales que arriesgarán quienes transgredan la nuevanormativa.
El texto aprobado precisa que las personas naturales que otorguen aportes o los candidatos que obtengan dineros mediante procedimientos distintos a los contemplados en la Ley Electoral -y en el caso en que el monto exceda en un 50 por ciento lo permitido- serán castigados con presidio menor en su grado medio (penas que van desde los 541 días a los tres años de cárcel).
Junto a lo anterior, deberán pagar una multa equivalente al triple del dinero otorgado o recibido, y en el caso de los parlamentarios ya electos, ellos además perderán su escaño.
Otra de las medidas aprobadas fue la pena de cárcel (también de presidio menor en su grado mínimo) y multas para todas las personas jurídicas que aporten dinero a los candidatos, independiente del monto que entreguen.
Y quienes ofrezcan o soliciten aportes ilegales, sin que ellos lleguen a concretarse, solo estarán afectos a multas, y no a presidio como había propuesto el Ejecutivo.