Chile Transparente plantea que el Consejo para la Transparencia cumple un rol primordial en garantizar el derecho al acceso a la información, es por esto que apoyamos fortalecer el rol fiscalizador y autonomía del Consejo.

Al mismo tiempo, es necesario es Establecer el derecho de acceso a la información como una garantía constitucional y avanzar en la mejora en la entrega de información pública en cuanto formato y lenguaje.

También proponemos incorporar a la Ley 20285 otros organismos que reciban fondos públicos tales como los partidos políticos, universidades tradicionales, empresas privadas que prestan servicios de interés público, etc.

En conjunto con las fundaciones Pro Acceso y Ciudadano Inteligente, nos encontramos elaborando una indicación que eleve los estandares de la ley 20.285 en el marco de lo planteado.

Por otra parte estamos constantemente elaborando manuales y realizando capacitaciones tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos en como aplicar bien la ley de acceso y como convertirla en una verdadera herramienta de control social.

 

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