A raíz de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril donde el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del candidato oficialista Nicolás Maduro, con poco más del 50% de los votos, el país sufrió una suerte de radicalización en las distintas instituciones del Estado, incluyendo el Parlamento venezolano.
En la madrugada del 15 de abril, el aspirante a la presidencia por el sector opositor, Henrique Capriles Radonski, aseguró que no reconocería los resultados hasta tanto no se hiciera una auditoría del 100% de los votos, pues tenía serias dudas basadas en la gran la cantidad de denuncias que el Comando Simón Bolívar recibió por irregularidades durante el proceso electoral.
El lunes postelectoral fue distinto a los diecisiete lunes de los procesos electorales anteriores por los que ha pasado Venezuela en los últimos catorce años. Transparencia Venezuela y otras organizaciones que veníamos haciendo monitoreo electoral, no pudimos descansar. Continuaban llegando denuncias, no ya de incidentes electorales, sino de persecución y acoso laboral contra maestros, funcionarios, beneficiarios de programas sociales, obreros y también contra diputados.
El martes 16 de abril, en la primera sesión de la Asamblea Nacional (AN) luego de los comicios, el presidente del Parlamento Diosdado Cabello, estableció un mecanismo violatorio del derecho constitucional y legal[1] de las diputadas y los diputados del Parlamento venezolano al sostener que mientras él esté al frente de la Asamblea Nacional va a impedir a los diputados opositores hacer uso de su derecho de palabra, a menos de que estos manifiesten públucamente su reconocimiento hacia Nicolás Maduro como jefe de Estado.
Esta decisión aberrante en una democracia no quedó solo en palabras. Con escarceos en la plenaria, el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el Estado Mérida y exgobernador William Dávila, recibió el impacto de un micrófono inalámbrico en el rostro —lanzado desde el propio hemiciclo de sesiones—, que requirió atención médica y 14 puntos de sutura.
Pero hubo más, el presidente de la AN firmó una orden de destitución de los diputados de la oposición para retirarlos de las presidencias de las comisiones de la Asamblea. De esta manera, la totalidad de las comisiones quedaron en manos del partido de gobierno, anulando el equilibrio basado en el número de curules obtenidos por cada partido.
Ante estos hechos, numerosos sectores y organizaciones del país, entre ellas Monitor Legislativo, nos pronunciamos de inmediato con gran preocupación, emitiendo comunicados y condenando categóricamente estos hechos de violencia física, verbal e institucional, y solicitando retomar el hilo constitucional en la AN, los términos de diálogo parlamentario y las previsiones necesarias para que la situación se superara de inmediato.
Posterior a lo ocurrido el 16 de abril, el parlamento no había vuelto a reunirse en plenaria. Sin embargo, en una visita que el presidente de la Asamblea realizó al interior del país el viernes 26 de abril, declaró a los medios que además de que los diputados no cuentan con derecho de palabra, tampoco cobrarán sueldo: “Es lógico y coherente. ¿Cómo le voy a pagar a un fantasma? Si no trabajan, no van a cobrar, y no trabajan porque no reconocen a Maduro”.
En respuesta a estas declaraciones, los parlamentarios afectados han manifestado que continuarán ejerciendo su labor representando al pueblo que los eligió. Algunos diputados incluso hablan de un proceso de facto de disolución de la Asamblea Nacional. En palabras del diputado de la MUD Eduardo Gómez Sigala: “Estamos frente a la disolución del estado de derecho, frente a un golpe de facto en la Asamblea avalado por el señor Maduro, que lo que hace es añadir mayor ilegitimidad en este país”.
El martes 30 de abril, en la siguiente sesión de la Asamblea Nacional, quienes presiden las comisiones de trabajo en la mañana y las directivas de la Asamblea en la plenaria de la tarde, pretendieron cumplir la orden de negar la palabra a los diputados de oposición, y entre arrebatos de micrófonos y forcejeos, el diputado por la MUD y presidente del partido Primero Justicia Julio Borges, fue agredido con violencia*.