Esto nos lleva a reflexionar sobre los procedimientos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para este tipo de designaciones en entidades autónomas como el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Electoral, la Contraloría General de la República o el Consejo para la Transparencia. En este sentido, consideramos que la actual institucionalidad tiene una serie de vacíos que admiten contactos opacos y no reglados entre quienes aspiran al cargo y aquellos que intervienen en el proceso de nombramiento, transformando las audiencias o exposiciones públicas en meros ritos o trámites, pues las decisiones finales no dependen de ellas y no permiten a los tomadores de decisión, ni a la opinión pública, evaluar realmente si las personas interesadas o propuestas tienen el perfil adecuado, conocimientos o competencias para liderar estas entidades claves para nuestra democracia.
Por esto, creemos que se debe avanzar a sistemas de nombramientos que combinen la legítima decisión y participación de nuestros representantes y poderes políticos con una adecuada transparencia de los procesos y rendición de cuentas del fundamento de las decisiones, con mecanismos de evaluación, exposición y divulgación de la información y motivación necesaria para evaluar a las y los postulantes o nombres propuestos, tanto
por quienes deben adoptar sus decisiones como por la ciudadanía en general.
Lo anterior debería llevar a reemplazar y terminar con las reuniones privadas con los(as) candidatos(as)-tanto con quienes deciden cómo a través de terceros que actúen por aquellos- y, en cambio, fortalecer las instancias y audiencias públicas que posibiliten a la ciudadanía conocer el pensamiento de las personas que aspiran a estos cargos, sus trayectoria y criterios en causas relevantes para la opinión pública, y verificar eventuales
conflictos de interés, así como fundamentar de modo adecuado, claro y transparente a la ciudadanía la razón detrás de las decisiones públicas. Así, buscamos que se cumpla de modo más adecuado con el objetivo de estos nombramientos, que se basen en la idoneidad de las personas más que en una transaccionalidad con quienes deciden, y minimizar el riesgo de su captura como tantas veces se ha visto en la región y en regímenes autoritarios.
Contar con sistemas y procesos de nombramientos vistos como poco transparentes por especialistas y ciudadanía erosiona la confianza de los ciudadanos en estas instituciones, pues se instala la percepción de que primaron razones políticas o personales alejadas del interés general por sobre las cualidades personales y
profesionales, lo que además puede inhibir a candidatos(as) calificados(a) de participar en estos procesos.
Como Capítulo Chileno de Transparencia Internacional hacemos un llamado a las autoridades responsables de este y otros nombramientos a actuar con la mayor transparencia y rendición de cuentas posible en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, velando por la legitimidad y autonomía de las instituciones y procurando que los criterios de selección se ajusten al mérito y a la competencia necesarios para cada caso. La calidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones lo demanda
Firman
Anita Holuigue, Tamara Agnic, Carolina Cuevas, Raúl Ferrada, Gonzalo Medina, Enrique Rajevic, Juan Carlos Délano y Maria Jaraquemad