Fiscalización. Chile Transparente entregó su cuarto informe sobre el seguimiento a las recomendaciones.

Legislación. Más de un año después de la publicación, algunas normas ni siquiera han sido presentadas.

A más de un año desde que la Comisión Jaraquemada entregara su propuesta de 46 medidas para fortalecer los estándares de integridad pública, Chile Transparente presentó su cuarto informe de seguimiento, con foco en el avance de aquellas recomendaciones orientadas a mejorar la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro (Ipsfl).

El análisis revela un avance general en la ejecución de las medidas, aunque con diferencias importantes en el nivel de desarrollo. «El tiempo se agota y muchas de las medidas propuestas no solo son viables, sino necesarias para restablecer la confianza ciudadana en la gestión de recursos públicos» afirmó Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente.

Entre los puntos abordados por el informe, destaca que el proyecto de ley para un Registro de Beneficiarios Finales continúa sin avances relevantes en el Congreso. Esta herramienta busca fortalecer la trazabilidad de recursos públicos y aumentar los estándares de transparencia.

Por su parte, la Ley General de Transparencias tiene avances normativos en el marco presupuestario, en particular en aspectos relativos al control y la concursabilidad de los recursos destinados a las Ipsfl, pero no existe un marco regulatorio permanente que defina cómo el Estado realiza esas transferencias.

La materia ha sido abordada únicamente mediante glosas presupuestarias, pero el proyecto de ley aún no ha sido despachado.

En el caso de la transparencia proactiva, se encuentra disponible dentro de la administración pública, pero no ha sido difundida de forma accesible o centralizada. Su publicación no requiere reformas legales, lo que representa una oportunidad de corto plazo para avanzar en apertura institucional.

Finalmente, respecto de la clasificación normativa de las Ipsfl, el informe identifica que, sólo se han establecido criterios para organizaciones que reciben ciertos montos, no un sistema general.

Por otra parte, se reconoce la incorporación de lineamientos de rendición de cuentas en otras iniciativas legislativas en curso, como el proyecto de ley de Integridad Municipal y el proyecto Regiones Más Fuertes. Estas propuestas refuerzan la agenda de integridad en el nivel territorial, aunque las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada abordan un marco más amplio que abarca a todo el aparato público.

«Desde Chile Transparente consideramos urgente que los distintos poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y organismos autónomos, pongan en acción la agenda de transparencia y probidad que se propuso con la Comisión Jaraquemada» añadió Figueroa.