US$1.260 millones es el costo que genera cada año la corrupción y fraude fiscal a los países en vías de desarrollo. Si este monto se invirtiera en aquellas personas que viven bajo los parámetros de pobreza, podrían salir de esas condiciones por al menos seis años, según detalla la ONU. Esa cifra es tan sólo un reflejo de lo importante que es el trabajo de los países en torno a la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas, tal como detalla el ODS 16.
“Desde Transparencia Internacional lo estamos tratando como uno de los puntos fundamentales de los ODS, que tiene vinculación con cada uno de los otros porque, finalmente, si no existe un Estado de derecho sólido y no hay una lucha contra la corrupción coordinada entre los países, va a ser imposible que los objetivos de educación, medioambiente o agua se logren de manera efectiva”, asegura Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, capítulo local de Transparencia Internacional.
De acuerdo con Precht, Chile está bastante bien ubicado comparativamente con la región, incluso con algunos países de la OCDE. Sin embargo, comenta que hay unos objetivos específicos donde Chile debiera mejorar bastante. “Específicamente en el ODS 3 de acceso igualitario a la justicia falta que exista una percepción de acceso igualitario. También falta que se prevengan algunos como el tráfico de personas, para que el país no sea objeto de estos delitos”, señala Precht.
Comisión Engel
Ante una serie de escándalos respecto a financiamiento de la política y tráfico de influencias, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la creación del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, conocido como comisión Engel. Ésta tenía como fin proponer un nuevo marco normativo, que permitiera el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, para lograr el eficaz control del tráfico de ellos en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio público, así como en la relación entre estos. Del informe final se desprende que para prevenir la ocurrencia de delitos contra la probidad, se requiere de una institucionalidad adecuada. Sin embargo, en Chile estos delitos tienen penas relativamente bajas en comparación con otros países, y existen vacíos legales en su tipificación. Asimismo, su prescripción es excesivamente corta tratándose de delitos que tardan en ser identificados, denunciados e investigados, y la capacidad de seguimiento es débil. En esta área, las principales propuestas son: adecuar penas, tipificación y prescripciones de los delitos de corrupción de acuerdo a los estándares internacionales. Crear una Fiscalía de Alta Complejidad, con facultades y recursos, para investigar y perseguir los delitos de corrupción. Fortalecer a la PDI en su capacidad investigativa en materia de corrupción, dotándola de personal especializado con dedicación exclusiva. “Si comparamos a Chile con la región, efectivamente somos los chicos buenos del barrio. Cuando ves que la ciudadanía se escandaliza con problemas de este tipo, está muy bien porque habla de temas que en Chile no son permitidos por la ciudadanía. Del mismo modo, hoy, la mayor parte de los casos que se han descubierto poco tienen que ver con investigaciones por parte de instituciones, sino que suelen ser a través de denuncias ciudadanas”, señala Ximena Abogabir, cofundadora de Casa de la Paz.