El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) enfrenta una crisis interna tras el masivo corte de energía del 25 de febrero, que provocó no solo tensiones por cómo se enfrentó la emergencia, sino que también ha acarreado una serie de desvinculaciones y renuncias. Tras la salida del exsubdirector de Estrategias, la cartera de Nicolás Grau anunció el envío de un cercano asesor del ministro, mientras que desde Interior llegará como asesor externo el exdirector del servicio, José Roa.

El 25 de febrero ocurrió el masivo apagón que dejó a 14 regiones del país sin energía eléctrica. Pero mientras en el resto de Chile volvía la luz, el panorama que se vivía en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) era cada vez más oscuro, aunque desde antes, sólo que el corte de energía marcó un quiebre que provocó solicitudes de renuncia y una clara intervención desde el Ministerio de Economía.

¿Qué pasó? El director Andrés Herrera (PS) le pidió la renuncia al subdirector de Estrategia y Servicio a la Ciudadanía de Sernac (el “número dos” del lugar) y a la directora regional metropolitana supuestamente por la polémica gestión del servicio en el apagón. Sin embargo, sobre ellos ya pesaban sospechas de probidad, pues son pareja y la situación había llegado vía denuncia a Contraloría. El subdirector saliente tuvo una disputa legal con Sernac y fue socio del mismo director Herrera, sobre quien también pesan críticas y hasta peticiones de renuncia por parte de la Asociación de Funcionarios.

El Ministerio de Economía, del cual depende el Sernac, tomó cartas en el asunto e intervino el servicio de Andrés Herrera, nombrando como nuevo subdirector de Estrategia a un asesor directo del ministro Nicolás Grau, Matías Carrasco Silva, mientras que desde el Ministerio del Interior también llegó un viejo conocido a poner orden: el exdirector de Sernac, José Roa Ramírez (PS) (ver abajo).

Polémica por mails sobre el apagón

El 25 de febrero, el día del masivo corte, Sernac comenzó a recibir una ola de denuncias de personas contra las distribuidoras de energía. Y aquí existen dos versiones. Una que dice que el servicio “protegió” a las empresas creando un proveedor ficticio llamado «Apagón», para que las quejas se dirigieran a él y no a las empresas eléctricas, mientras que otra versión afirma todo lo contrario: que quisieron facilitar el éxito de los reclamos, agrupándolos para luego presentar demandas colectivas contra las empresas que finalmente resultaran responsables (la Superintendencia de Electricidad y Combustibles determinó que todo se debió a un error en la empresa de transmisión Interchile, no de las distribuidoras a clientes).

La primera versión fue publicada por El Mostrador el 19 de marzo, medio que expuso mails donde la hasta entonces jefa de gabinete de Sernac, Milenka Montt, preguntaba “qué texto debemos poner (en unos volantes) para que no sean las empresas de distribución eléctricas las responsables?”. La noticia en cuestión exponía que eso fue una solicitud de Presidencia y que la idea era que los reclamos no se trasladaran “a la compañía eléctrica, sino que se enviarán directamente a nuestro propio correo y portal interno». Durante el episodio, el director del Sernac estaba de vacaciones y según fuentes de El Líbero, dentro del servicio le habrían pedido volver de Europa para enfrentar la situación, sin que accediera.

A raíz de la polémica, Contraloría comenzó una fiscalización y el Sernac desmintió un ardid para defender a las eléctricas, explicando que lo que se hizo fue para suspender “la derivación (de reclamos) hasta que las autoridades sectoriales establecieran las responsabilidades en el megacorte de electricidad”, cuestión que el director Herrera explicó en la comisión de Economía de la Cámara. Además, la mencionada orden de Presidencia se habría referido a entregar volantes, no a frenar o desviar quejas.

En ese marco de acontecimientos, el 10 de marzo el director Herrera le pidió la renuncia al subdirector de Estrategia y Servicio a la Ciudadanía, Rodrigo Mateluna, según su abogado, por oponerse a la supuesta estrategia de protección a las empresas, sin embargo, el servicio sostuvo que el director se la pidió “por razones de confianza” y que la causal “no requiere de la existencia de sumarios internos, de todas formas, ninguno de los dos ADP han sido sometidos a sumarios”. ¿A quién se referían como segunda persona? A María Gabriela Millaquén, la exdirectora regional metropolitana y su pareja sentimental desde hace siete años.

Contraloría pidió información sobre poderosa pareja en el Sernac

Según un oficio del 13 de diciembre al que tuvo acceso El Líbero, Contraloría le pidió explicaciones al Sernac sobre esta relación amorosa y sus efectos en el trabajo de ambos en el servicio. Esto, porque recibieron antecedentes de que ambos conviven y “los cargos que ambos desempeñan tendrían vinculación en materias tales como asignación de recursos, toma de decisiones estratégicas, supervisión y evaluación de gestión, traspaso de competencias, entre otros desde el nivel central al regional”.

Y prosigue: “El señor Mateluna Estay subrogaría al director nacional y actuaría en su representación, por lo que además de encontrarse vinculados en algunas de las funciones que realizan, en ocasiones se generaría dependencia jerárquica, respecto de lo cual, a la fecha, no se habría implementado algún mecanismo de inhabilitación por parte de los denunciados o de la institución”.

Tanto Mateluna como Millaquén trabajaban en el Sernac cuando postularon a sus cargos vía Alta Dirección Pública en 2024, para lo cual debieron completar una declaración jurada donde ambos afirmaron no estar sujetos a ninguna inhabilidad, incompatibilidad o prohibición. Según pudo comprobar El Líbero en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, es efectivo que ambos compraron un inmueble durante 2024.

La denuncia que llegó a Contraloría afirma que la dirección metropolitana de Millaquén se habría visto favorecida por su relación con Mateluna, no sólo cuando quedaba a cargo directo de su pareja al subrogar al director. El documento también expone que la evaluación de desempeño de ella habría estado a cargo de él.

En este punto, David Zavala, coordinador de Sector Público en Chile Transparente, advierte un vacío legal: «En relación con la probidad, la normativa vigente prohíbe que personas con vínculos de parentesco o matrimonio trabajen en una misma institución cuando existe una relación jerárquica. Sin embargo, no contempla a las parejas no formalizadas. Esto genera un vacío legal que permite que estas parejas puedan mantener sus funciones, incluso si existe jerarquía. El problema surge cuando uno de los involucrados ejerce sus funciones de jefatura sobre su pareja, pues es cuestionable su imparcialidad. La ley sí exige que los funcionarios se abstengan de actuar cuando existan situaciones que les resten imparcialidad, pero es una obligación difícil de controlar, ya que depende del propio funcionario advertir estas situaciones y comunicarlas».

El abogado de Mateluna -que no se identificó- explicó por escrito a El Líbero que el exsubdirector se inhabilitó de hacer las evaluaciones de Millaquén, que el director Andrés Herrera estaba al tanto de la relación sentimental y que «en ambos casos decidió su nombramiento el director nacional, consciente de la relación de hecho entre ambos y considerando que no existía ninguna incompatibilidad  para nombrar a ambos en sus respectivos cargos, según lo establecido por Contraloría y  por la propia Fiscalía del Servicio Nacional del Consumidor». De acuerdo al documento, personal de la Asociación de Funcionarios habría consultado antes a Contraloría, descartando problemas de probidad, por lo que recomendó solicitar al Sernac su respuesta al ente fiscalizador que este año, en materia de parejas, cuestionó un viaje del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, con su pareja y jefa de gabinete.

Sin embargo, Sernac se limitó a confirmar a este medio que “respondimos formalmente al órgano de control a través de un detallado informe, aportando todos los antecedentes necesarios”, sin embargo, “por tratarse de un tema que está en análisis y con un pronunciamiento pendiente por parte de la Contraloría General de la República, no es posible entregar detalles al respecto”. De igual forma, agregaron que en el servicio “siempre hemos velado por los principios de transparencia y de legalidad, en especial respecto de la normativa que rige a las y los funcionarios públicos del Estado”.

Hay que puntualizar que esta fue la única respuesta que El Líbero pudo obtener desde ese servicio público, pese a que se le consultó qué razones sustentaron la pérdida de confianza en Mateluna y Millaquén, y otras consideraciones expuestas en la denuncia que llegó a Contraloría, sin embargo las dudas no fueron despejadas.

Según el abogado de Mateluna, la exdirectora regional ha pedido al director Herrera que le brinde un espacio en su agenda para que le explique las razones de su destitución, sin que hasta ahora eso se haya concretado. Además, afirmó que las denuncias contra la pareja «tienen origen de una persona que ha actuado de mala fe, levantando aseveraciones falsas y que ha demostrado un comportamiento obsesivo con su persona», las que le han costado recibir amenazas.

El rol del exsubdirector en el apagón

en enero, el director Herrera le habría pedido a la pareja que uno de ellos cambiara de cargo, pero la idea no prosperó. Eso sí, en este escenario quedó establecido que quien subrogaría al director durante sus vacaciones (entre febrero y marzo), no sería Mateluna, sino la subdirectora de Fiscalización, Carolina González.

El día del apagón, era González quien estaba a cargo y, según testigos, al principio Mateluna no se habría negado a la cuestionada estrategia para canalizar los reclamos. Sin embargo, después representó todo el proceso. Dentro del Sernac hay quienes sospechan que, ante su complicada situación personal, él mismo habría levantado comunicacionalmente la supuesta protección a las eléctricas para pasar de un posición de denunciado a denunciante.

El texto de Mateluna que correspondería a su abogado tiene otra versión: asegura que el exsubdirector «debió levantar todos los riesgos que se corrían, tanto operativamente como ética y reputacionalmente, al solicitarse desde un primer minuto, incluso indicándose instrucciones desde la Presidencia (lo que consta en correos electrónicos) la creación de un proveedor ficticio para evitar que los reclamos que llegasen tuvieran como destino las distribuidoras eléctricas. En ese contexto, la postura del señor Mateluna no cambió en ningún minuto, y la mantuvo hasta el final, presionando insistentemente para que los reclamos fueran derivados a las empresas eléctricas y no permanecieran estáticos», e incluso proponiendo soluciones alternativas como crear etiquetas o la opción de seleccionar varios proveedores para levantar la queja.

La segunda quincena de marzo Herrera volvió de vacaciones y al día siguiente Mateluna y Millaquén fueron notificados de su salida, teniendo que dejar sus cargos el viernes 4 de abril. El último sueldo de Mateluna registrado en Transparencia fue de $8.726.734 y el de Millaquén, de $ 5.311.557 (ambos en cargos de planta). Mateluna incluso salió mencionado en la lista de The Clinic de los 100 funcionarios públicos que ganan más que el Presidente de la República.

La sociedad con el cuestionado director

Lo que sí está claro es que con lo sucedido este verano, la relación entre el director Herrera y su segundo a bordo, se quebró.

Mateluna ya había trabajado antes en el Sernac: entró en marzo de 2011 como profesional a contrata y en 2018 fue nombrado jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo Estratégico hasta que en febrero de 2019 fue desvinculado por pérdida de confianza por un «desempeño deficiente» del que él se defendió en un recurso de protección donde Sernac tuvo que pagarle más de $ 27 millones por remuneraciones adeudadas más cotizaciones. Como el caso está cerrado y no pendiente, este hecho no se configura como causal de inhabilidad para ocupar el cargo de subdirector.

Pese a esa experiencia, Mateluna regresó al Sernac de la mano de su socio y amigo, el director Andrés Herrera, quien en los años del conflicto fue subdirector jurídico del mismo Sernac.

En junio de 2018, y tras dejar el servicio público, ambos fundaron Ander Consultores & Abogados SpA, especializada en protección al consumidor.

Juntos dictaron cursos y capacitaciones en materia de consumidores y compliance, compartiendo escenario con el exdirector de Sernac, José Roa, quien ahora vuelve al servicio.

En su declaración de patrimonio e intereses, Herrera -que entró vía ADP al cargo- declaró que abandonó la sociedad antes de asumir como director del Sernac y que se inhabilitaría si tuviera que tratar algún tema relativo a algún antiguo cliente.

En toda esta polémica que se hizo pública por el corte de energía, la Asociación de Funcionarios está pidiendo la cabeza de Herrera por “falta de liderazgo”, enfocarse en casos mediáticos de menor impacto, “diálogo infructuoso, incumplimiento de compromisos, denuncias por maltrato laboral (Ley Karin) sin respuestas, persecución sindical, falta de transparencia, deterioro del clima laboral, falta de garantías en procesos institucionales”.

Pese a ser PS, Herrera no tendría mayores relaciones políticas. En esa línea, no pasó inadvertido que se lanzara públicamente contra BancoEstado y contra sanitarias cuando en ese momento las dirigía la actual ministra del MOP, Jessica López, también PS.

La intervención al Sernac

Nicolás Grau, exigiendo sacar a gran parte de la plana mayor del servicio.

Sin embargo, no salió el director ni la directora subrogante, sino que se le pidió la renuncia al exsubdirector de Estrategias, a la directora regional y al jefe de Informática. La jefa de gabinete del director y el de comunicaciones, presentaron su renuncia posteriormente.

Pero hubo otros movimientos: el jueves 3 de abril a los funcionarios les llegó un mail del director dando luces de cómo se reordenarán las piezas de este puzzle con protagonistas conocidos por el gobierno, quienes ya fueron presentados a las jefaturas y se encuentran en funciones. Se trata de Matías Carrasco y José Roa.

Matías Carrasco es abogado de la Universidad de Chile y según el correo electrónico al que accedió El Líbero, “ha sido uno de los asesores directos del Ministro de Economía, Nicolás Grau” en materias de competencia y regulación. Además, se destacó que trabajó en el estudio FerradaNehme (el mismo del que venían el ministro de Seguridad y su subsecretario), en la unidad anti carteles de la Fiscalía Nacional Económica y el Sernac mismo, donde fue asesor de la Dirección Nacional. Él será el reemplazo de Mateluna en la Subdirección de Estrategias. Carrasco ya está instalado en las oficinas de Teatinos.

«Me ha tocado compartir espacios de trabajo con Matías Carrasco y tengo una muy buena impresión de él como profesional y espero que su llegada le haga bien al servicio. Que haya tenido que intervenir Matías, siendo un asesor cercano al Ministro de Economía, es una señal preocupante sobre el estado en el que hoy se encuentra Sernac», comentó Rodrigo Mateluna a El Líbero sobre su sucesor.

En el mismo mail, Herrera dio a conocer que “invitó” al conocido exdirector del Sernac de Michelle Bachelet, José Roa Ramírez a colaborar como asesor externo, en líneas de trabajo estratégicas clave para nuestra institución.

Roa renunció hace cerca de un mes a la coordinación de la Unidad Consultiva para la reforma a las policías que fue anunciada por el gobierno en agosto de 2022 y que estaba a cargo del Ministerio del Interior.

Tuvo que desligarse de esa tarea porque Álvaro Elizalde (PS) es su cuñado y el 4 de marzo fue designado ministro del Interior tras la salida de Carolina Tohá.

Según informó El Mercurio, tras la salida de Roa, no se ha definido la continuidad de la unidad de reforma, mientras que integrantes alegan que el gobierno nunca les entregó un plan u objetivos claros.

En el Sernac ya fue presentado, aunque como asesor externo no tiene oficina. Las otras jefaturas que quedaron descabezadas, como la de la Dirección Regional Metropolitana, aún no tienen nuevo líder anunciado y dentro del Sernac sospechan que es porque Economía estaría supervisando quiénes llegarán o no al Sernac en la recta final del gobierno.