CASO PENTA
En julio de 2014, Seguros Generales Penta Security anunció la renuncia de su entonces director Hugo Bravo López, siendo reemplazado por Alfredo Moreno. Bravo fue durante décadas uno de los principales colaboradores de los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Délano, y su salida del grupo se debió a que en abril de ese año Bravo había admitido haberle pagado al martillero público Jorge Valdivia Rodríguez, involucrado en el llamado «caso fraude al FUT», con dinero de sociedades ligadas a Penta.
En julio de 2014 la Fiscalía comenzó a investigar a la sociedad Espartaco, propiedad de Bravo, por fraude al Fisco. Bravo y el contador Marcos Castro fueron llamados a declarar ante el Ministerio Público, quienes admitieron que Penta estaba involucrado con el «caso FUT».
En octubre de 2014 Bravo inició un juicio laboral en contra de Délano y Lavín, reclamando una indemnización de CLP 2.300 millones, la cual fue desestimada en febrero de 2015.
En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete personas ligadas a las Empresas Penta —entre ellos sus principales socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín— por fraude tributario ante el Ministerio Público. Según la denuncia inicial, el grupo habría defraudado al Fisco por una cifra que está entre los 260 a 660 millones de pesos.
En octubre de 2014, el SII presentó una denuncia por delito tributario en contra de los representantes legales de las sociedades Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda., Inmobiliaria Duero Ltda., Inversiones Challico Ltda., Inversiones Santa Sarella Ltda. e Inversiones Perkita Ltda., por el uso indebido de boletas de honorarios y emisión de facturas ideológicamente falsas para disminuir la base imponible de sus respectivos impuestos sobre la renta. Una segunda denuncia recayó sobre Empresas Penta S.A. por disminuir la base imponible de sus impuestos de primera categoría, mediante facturas falsas que daban cuenta de servicios de asesoría nunca realizados. También fueron denunciados los facilitadores de dichas boletas y facturas que fueron ingresadas en la contabilidad de dichas empresas. El SII denunció que el efecto de estas operaciones fue que Empresas Penta rebajó de forma indebida la renta líquida imponible de su Impuesto de Primera Categoría durante los años tributarios 2009 y 2010, a través del registro en su contabilidad de gastos correspondientes a servicios de asesoría que no fueron prestados por Penta Corredores de Bolsa S.A. por montos que alcanzaban los $1.450 millones en 2009 y $608 millones para 2010.
En enero de 2015, el SII denunció formalmente a Délano y Lavín y a otras doce personas —entre ellos cinco hijos y la hermana de Délano— por la emisión de facturas ideológicamente falsas. También se comenzaron a investigar los pagos que habría recibido Pablo Wagner por parte del grupo, mientras se desempeñaba como subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera.
Entre el 4 y el 7 de marzo de 2015 se realizó la audiencia donde la Fiscalía formalizó la investigación en contra de diez imputados en el caso. En dicha oportunidad, se estableció un plazo de investigación de 120 días, y se dictaron medidas cautelares contra los imputados, entre ellas, la prisión preventiva para Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro e Iván Álvarez, quienes comenzaron a cumplir la medida el 7 de marzo en el Anexo Capitán Yáber. Las defensas de los imputados apelaron a dicha medida, pero ésta sólo fue revocada a Bravo y Castro, quedando ambos bajo arresto domiciliario.
El 30 de marzo, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la ampliación de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, por soborno y lavado de activos, en contra de las empresas Penta S.A., Inversiones Penta 3 Ltda., Inversiones BanPenta Ltda. y Andes Iron SpA.
El mismo Juzgado revocó las medidas cautelares de Délano, Lavín y Wagner, quedando todos con las medidas de arresto domiciliario total y arraigo nacional. El 17 de junio, seis de los imputados, fueron nuevamente formalizados por el delito de perjuicio fiscal por más de $2000 millones mediante contratos forward.
Durante la investigación fueron pagados cerca de $10 mil millones por Empresas Penta, sociedades familiares y Délano y Lavín como personas naturales. Este monto incluye impuestos adeudados, intereses y reajustes.
Los formalizados que recibieron condena en el caso fueron:
- Jovino Novoa: 3 años de pena remitida con firma mensual y 5 UTA de multa.
- Carlos Eugenio Lavín: 4 años de libertad vigilada intensiva, $857.084.267 de multa y formar parte de un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas.
- Carlos Alberto Délano: 4 años de libertad vigilada intensiva, $857.084.267 de multa y formar parte de un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas.
- Pablo Wagner: 3 años de pena remitida, $42 millones de multa, inhabilidad para ejercer cargos públicos y suspensión de cargo público por 4 años, por delito tributario. Y 1 año de presidio menor en su grado mínimo, 40 UTA de multa, suspensión de cargo público por 1 año, por enriquecimiento ilícito.