En los próximos días, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de Gendarmería, apelaría ante la resolución del Tribunal de Contratación Pública que dispuso retrotraer en el proceso de adjudicación de tobilleras electrónicas.
Lo anterior, debido a que en este último aparece una firma brasileña investigada por presunto fraudecomo proveedor de los dispositivos en las cárceles de Brasil.
Se trata de un nuevo tropiezo para Gendarmería, luego que el 29 de mayo el Tribunal de Contratación pública considerara como ilegal y arbitrario las pretensiones de la Comisión Evaluadora del organismo, en adjudicar el servicio a la tercera empresa en la lista, Global System.
Frente a ello, el tribunal además ordenó retrotraer el proceso para evaluar nuevamente. Una instancia por la que, según fuentes de Radio Bío Bío, el CDE intentaría dejar atrás dicho fallo, en representación de Gendarmería.
Además, la actual empresa proveedora de las tobilleras electrónicas recurrirá hasta la Corte de Apelaciones, denunciando irregularidades en el procedimiento de adjudicación, donde figura con el mayor puntaje obtenido la empresa Pegasus S.A.
Esta última, junto a otra empresa asociada a nombre del representante legal Marcelo Ribeiro, quien es investigado por un presunto fraude en Brasil.
Ante esto, Francisco Toro, Gerente General de Track Group, exige una nueva revisión del proceso.
Gremios al interior de Gendarmería cuestionaron dicha impugnación, señalando falencias en su servicios técnicos durante el último tiempo. Sin embargo, insisten en terminar con la problemática.
Álvaro Millanao, secretario general de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) llamó a la dirección nacional del organismo a llevar a cabo un nuevo proceso de licitación.
Alberto Precht, director ejecutivo de Chiletransparente, consideró que Gendarmería debe contar con los antecedentes de todas las firmas que participan del proceso, en alusión al posicionamiento de la cuestionada empresa brasileña.
Esto, dijo, para consolidar garantías en la entrega del servicio.
En tanto, desde Gendarmería aseguran que no hay ilegalidad en cuanto a la participación de las empresas oferentes. Sin embargo, confían en llevar adelante una nueva inspección del proceso.