Nuestro país es destacado internacionalmente como miembro del grupo de los veinticinco países con mayor transparencia, reglas claras y un sólido estado de derecho. Sin embargo, en ciertas materias relacionadas con el combate a la corrupción seguimos con muchas tareas pendientes y, lamentablemente, nuestra institucionalidad no avanza con la rapidez necesaria en esta lucha ante un enemigo que está en constante evolución.
Es así como, tratándose de lavado de activos, la sección sudamericana del Grupo de Acción Financiera —organismo encargado de establecer los estándares que deben regular esta materia— ha destacado en sus evaluaciones de 2006 y 2010 diversos puntos respecto de los cuales la normativa e institucionalidad chilenas son insuficientes para el combate de este delito.
Hace ya casi una década que se están discutiendo en el Parlamento diversas modificaciones legales que pondrían a Chile a tono con los estándares internacionales. Durante esta semana, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados analizará el informe sobre un proyecto que, recogiendo las recomendaciones internacionales, cambia varios aspectos del funcionamiento y atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero, modifica el tipo penal de lavado de activos —adecuándolo al listado de delitos base de lavado de dinero— y amplía el alcance de la figura culposa. Además, modifica algunos aspectos relativos a la investigación de estos delitos, destacando aquella que fortalece la facultad para levantar el secreto bancario en investigaciones por delito de lavado de dinero.
Como Chile Transparente, nos preocupa la lenta tramitación que en el Congreso tienen reformas que buscan atacar la corrupción y fomentar la probidad, tales como la que comentamos y aquellas que combaten el conflicto de interés y el enriquecimiento ilícito. Cabe recordar que debió transcurrir más de una década para que se aprobara una ley que regulara el lobby. No podemos olvidar que cada vez que hablamos del combate a la corrupción, tanto en materias de prevención como de persecución criminal de los delitos asociados a este flagelo, lo que buscamos es proteger al ciudadano común y evitar las pérdidas que causa al país el desvío de fondos o decisiones ilegales que afectan normalmente a los más pobres.
De hecho, la experiencia nos señala que si estos temas no se tratan a tiempo, se pueden convertir en problemas de difícil solución. Aquí llegar tarde es casi equivalente a no llegar. La transparencia es fundamental para la democracia de una nación y el lavado de activos representa una de sus caras más peligrosas, ya que mediante su comisión se intenta normalizar las ganancias provenientes de actividades ilícitas. Entonces, si seguimos con un sistema no actualizado, los disuasivos seguirán siendo débiles y, por lo mismo, podríamos ser blanco fácil de éste y otros delitos.
Si queremos avanzar en los rankings internacionales y saltar al selecto grupo de los diez países reconocidos como los más transparentes del orbe, debemos revisar nuestros tiempos legislativos y poner en el centro de nuestra agenda política el combate contra la corrupción y la promoción de la probidad.
Gonzalo Delaveau Swett.