El 6 de Marzo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó la Ley de Acceso a la Información. Esto fue el paso formal de un largo proceso liderado por organizaciones de la sociedad civil en colaboración con muchos sectores del país.
El derecho de los ciudadanos a conocer en detalle el quehacer del gobierno y las instituciones públicas, y saber cómo se asignan los recursos, son algunos de los instrumentos más importantes para poder luchar contra la corrupción. Una sociedad donde la información sobre políticas, administración y derechos civiles es pública y comprensible hace más complicado que se den prácticas corruptas.
En los últimos años, por ejemplo, han salido a la luz escándalos de corrupción en Colombia donde estaban en juego grandes cantidades de dinero destinadas a proyectos de infraestructura, servicios de salud, pero también fraude fiscal y corrupción en las fuerzas armadas. Dinero público que acabó en los bolsillos de funcionarios de alto nivel y representantes de empresas. La nueva ley de transparencia podría ser una herramienta para abordar la corrupción en los procesos de contratación pública y en la prestación de servicios y mejorar así el desarrollo político, económico y social del país.
La ley podría también contribuir a la implementación del tratado de paz que se está negociando desde Noviembre 2012 entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ambos acordaron que un tema clave para ello será la mejora de la participación ciudadana así como el monitoreo de las políticas públicas. Ambas actividades requieren que todos los ciudadanos del país tengan acceso efectivo a información pública.
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