Nadie estará obligado a hacerlo. Será absolutamente voluntario.
Es una de las primeras cuestiones que explica el nuevo presidente del Consejo para la Transparencia, el abogado José Luis Santa María Zañartu, respecto de la nueva plataforma que crearon para los aspirantes a alcaldes y concejales de las elecciones municipales de octubre de 2016.
Se llama Candidato Transparente, y en ella, quien compita podrá dar a conocer su trayectoria, sus declaraciones de intereses y patrimonio, sus aportes y gastos de campañas, así como sus propuestas para el municipio.
El objetivo, explica Santa María, es promover que los candidatos adopten estándares de transparencia en sus campañas mediante la adhesión a un protocolo y el uso de una plataforma tecnológica única, que se pondrá a disposición de la ciudadanía.
Sobre todo, porque esta es la primera elección que se dará luego de la aguda crisis de confianza en las instituciones que ha afectado al país.
Responsabilidad de cada aspirante
De hecho, tienen en cuenta que en el último estudio realizado por el Consejo, en 2015, el 88% de los consultados planteaba que tenía poca o ninguna confianza en las autoridades políticas para la solución de los problemas del país.
La plataforma entrará en funciones en agosto, una vez que el Servel ratifique la inscripción de los candidatos.
La publicación de la información de que se disponga será responsabilidad de cada aspirante -o de su equipo-, y es él quien deberá hacerse cargo de su veracidad, no teniendo el Consejo intervención alguna.
«Esta herramienta permitirá que el mundo político dé muestras concretas de su real compromiso con la transparencia y, por otro, que los ciudadanos puedan mirar con lupa y elegir de manera informada a sus futuros representantes comunales», señalan en el Consejo.
Fiscalizaciones
«Las municipalidades, además, son las más atrasadas en cumplir con la normativa de transparencia activa», agrega Santa María.
Por ello, otra de las cuestiones que realizará el Consejo es aumentar las fiscalizaciones en 31%, con el foco centrado en municipalidades y el área de Salud.
El listado de materias que se fiscalizan en cuanto a Transparencia activa (información que debe ser publicada por las instituciones) es amplio. Estas incluyen la estructura organizacional de las entidades públicas; las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades; además de la planta, el personal a contrata y a honorarios, con sus respectivas remuneraciones.
A su vez, se analizan las contrataciones para el suministro de bienes muebles, prestación de servicios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión.
Otra de las líneas de fiscalización se refiere a la publicación de las transferencias de fondos públicos que se efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursables.
Los resultados de esta fiscalización serían entregados en agosto, a dos meses de los comicios.
Proyectos empantanados
Santa María, quien perteneció al tribunal supremo de Renovación Nacional antes de integrar el Consejo para la Transparencia, responde «acá no hay política», cuando se le consulta si habrá algún matiz con su antecesora, Vivianne Blanlot, quien fue militante PPD y también congeló su militancia.
En ese sentido, afirma que impulsará con el mismo ahínco los proyectos de interés para el Consejo y que, a su juicio, están «empantanados en el Parlamento». Uno de ellos es el que establece un reconocimiento constitucional al acceso a la información.
Santa María, de acuerdo al carácter rotativo del cargo, desempeñará la presidencia hasta el 29 de octubre de 2017.
«Queremos que la ciudadanía empiece a recuperar la confianza. Y esperamos que las personas participen».
»El objetivo es promover que los candidatos adopten estándares de transparencia en sus campañas».
»Las municipalidades, además, son las más atrasadas en cumplir con la normativa de transparencia activa».