Nuevamente hubo elecciones en Chile, esta vez fueron municipales y, sin duda, el gran ganador fue la apatía política y el candidato abstención. Quisiera, no obstante, salirme un poco del análisis de la conveniencia o inconveniencia del voto voluntario y de la discusión propiamente política, para comentar de un tema que está directamente relacionado con el proceso eleccionario y que pienso, puede ser uno de los factores de la apatía política de nuestros conciudadanos; como es el gasto electoral.
Al respecto Chile Transparente realizó para las elecciones municipales pasadas un estudio, financiado por el BID, en el cual se concluyó que los candidatos no respetaban los límites al gasto electoral y que éstos eran generalmente sobrepasados en más del doble.
A este respecto y pensando en las próximas elecciones, urge la necesidad de discutir, mejorar y modernizar la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Frente a un nuevo patrón electoral, frente a los estrechos resultados de las últimas elecciones, frente a la importancia que ha adquirido -y adquirirá- la propaganda para que los candidatos presidenciales y al Congreso se den a conocer, es pertinente discutir la vigencia de los actuales límites de gasto electoral y la forma y tiempo en que éstos se incurren y rinden. Si existe consenso entre los distintos actores políticos que los límites son bajos y que, en consecuencia, no se respetan, es poco transparente seguir actuando como si estos se cumpliesen. Este es otro de los “cumplo-y-miento” de nuestra política y de nuestra sociedad que tenemos que erradicar.
Otro aspecto relacionado con el anterior, dice relación con el control de los gastos electorales, en este sentido, se hace indispensable la creación de una subdirección de control de gasto electoral, que pueda velar por el cumplimiento de la ley no sólo revisando las cuentas de ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, sino que pueda también fiscalizar en terreno la veracidad de estos gastos. Esta fiscalización podría ser aleatoria y selectiva para evitar un gasto excesivo de recursos humanos y monetarios. En la misma línea, se hace necesario desincentivar conductas que vayan en contra de la ley y, sobre todo, que éstas sigan repitiéndose, por lo que debería pensarse en establecer sanciones políticas fuera de las pecuniarias, como ocurre en otras legislaciones del mundo.
Fuera de lo anterior, se debiera avanzar en la creación de un registro único de proveedores autorizados que prestan servicios o suministran bienes a los candidatos y partidos políticos durante el período de campaña, así como, establecer la obligación de los candidatos y partidos políticos de mantener una cuenta corriente única para recibir los aportes al financiamiento de sus campañas; ambas medidas que van en la línea de aumentar los niveles de transparencia del financiamiento en las campañas.
Hay que recordar, una vez más, que a los candidatos y partidos se les entregan recursos públicos tanto en su forma de anticipo como reembolso, es decir, antes y después de efectuada la elección, los que se asignan según su desempeño electoral. Es por ello que cobra gran importancia generar las medidas eficaces en pos de garantizar la igualdad de oportunidades en la competencia política y de promover la transparencia de la competencia electoral mediante la existencia, por un lado de límites efectivos y reales a los gastos electorales, y, por otro, tener un mecanismo efectivo de rendición de cuentas y control de los ingresos y egresos asociados a la campaña electoral.
Esto es crucial para el fortalecimiento de la democracia y aumentar la participación ciudadana en las próximas elecciones, ya que si los candidatos actúan de manera transparente se acrecientan los niveles de confianza en ellos por parte de los electores.