Fotografía: «La Bicolor» de Paola Relayze Porras
Los abajo firmantes, miembros de distintas instituciones de la sociedad civil de Chile y Perú, reunidos en la ciudad de Lima los días 2 y 3 de octubre del año 2017 para discutir temas de interés común, vinculados a la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción en nuestros países, así como en toda la región, al término de nuestras sesiones de trabajo, acordamos aprobar la siguiente declaración:
La corrupción constituye un fenómeno transfronterizo que asola a la mayoría de los países de la región, afectando gravemente la institucionalidad democrática, así como la viabilidad de las políticas públicas orientadas a una ampliación y mejora de la calidad de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía.
Problemas como los derivados del caso Lava Jato, que involucran a más de 10 países de la región, hacen evidente la necesidad de abrir el debate y adoptar medidas en torno a cuestiones relevantes como, la mejora de los mecanismos institucionales de persecución penal, el financiamiento de la política, la gestión de intereses y control de lobbies, transparencia y acceso a la información pública, la participación o la vigilancia ciudadana, entre otros.
Tales cuestiones constituyen temas de interés común, a los que debemos sumar la necesidad de promover el fortalecimiento de las instituciones del Estado en procura de hacerlas más eficientes y eficaces, otorgando bienes y servicios públicos de calidad, a la par de mejorar las condiciones para optimizar la contratación y el gasto público, así como cuidar la transparencia e integridad en la relación con los proveedores.
Los riesgos de corrupción en las compras públicas, hacen necesario avanzar hacia una mejor apertura de datos, incluyendo aquellos referidos a las estructuras societarias de todas las empresas que participan en el mercado. Conocer la identidad de las personas finalmente beneficiarias de tales empresas, máxime si participan en licitaciones, hará posible prevenir futuros conflictos de interés, así como identificar los casos de concentraciones, que hoy podrían permanecer ocultas bajo la instrumentalización de diversas figuras de personas jurídicas.
Resulta necesario mejorar la recopilación y el aprovechamiento de los datos que se publican sobre el gasto público, para permitir a cualquier persona interesada realizar un mejor control social, a la par de analizar específicamente su eficacia y eficiencia. Sin ello, existe el riesgo de que el gasto público no financie lo que es de interés general, sino el interés particular de quienes ostentan el poder.
La lucha contra la corrupción, demanda de los Gobiernos un efectivo liderazgo, así como diseñar una arquitectura institucional capaz de permitir mecanismos de constante autoevaluación, estableciendo una mejor manera de medir y relacionar los sistemas que miden el desempeño del gasto público, con los procesos al interior del sector estatal.
La estrategia a seguir en la referida lucha anticorrupción, no solamente demanda un esfuerzo especial de los Estados para optimizar sus recursos humanos, fortaleciendo el servicio civil y mejorando procesos en materia de transparencia y datos abiertos, entre otras políticas, sino que exige que el sector privado se sume decididamente a este propósito, adoptando medidas concretas para prevenir malas prácticas y superar la sola adopción de instrumentos orientados a afirmar valores éticos y compromisos de integridad.
Alrededor de todos estos asuntos, nos interesa seguir trabajando en conjunto, a fin de promover mecanismos de colaboración y asistencia recíproca entre las autoridades de nuestros respectivos países, a fin de superar las actuales deficiencias y debilidades institucionales, que afectan también la persecución internacional de los delitos de corrupción.
Expresamos nuestra voluntad de que este diálogo binacional contribuya al desarrollo de una estrategia de articulación de los más amplios sectores de la sociedad civil en los países de la región, con el propósito de actuar de manera concertada y con objetivos determinados en materia de lucha contra la corrupción.
Asimismo, saludamos que la próxima cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima, Perú en abril de 2018, haya adoptado como tema central de discusión el de la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. En tal sentido, instamos a los Estados de la región a realizar el mayor esfuerzo para arribar a consensos, que permitan establecer mecanismos y modalidades concretas para ese objetivo, tomando como base al efecto, los contenidos de la presente declaración.
Finalmente, reconocemos el esfuerzo realizado por las Cancillerías de Chile y Perú para hacer posible este encuentro entre miembros de la sociedad civil de ambos países, y exhortamos a nuestras autoridades a continuar en esta iniciativa, a la par de alentar a otros gobiernos de la región para actuar con el mismo propósito, bajo el entendido de que, los resultados de estas actividades, constituyen la mejor manera de fortalecer la institucionalidad democrática y la relación entre los Estados de la región.
Entidades firmantes:
Asociación Chilena de Voluntarios (Chile)
Asociación Civil Transparencia (Peru)
Cátedra DDHH Universidad de Chile (Chile)
Chile Transparente (Chile)
Centro de Estudios Internacionales Universidad Católica (Chile)
Centro de Estudios Públicos (Chile)
Ciudadanos al Día (Peru)
Espacio Público (Chile)
Fórum Solidaridad Perú (Perú)
Fundación Ciudadano Inteligente (Chile)
Fundación Multitudes (Chile)
Observatorio del Gasto Fiscal en Chile (Chile)
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
Proética (Perú)
Universidad Ruiz de Montoya (Perú)