El día lunes 25 de Marzo diversos medios de comunicación informaron sobre la resolución y condena de un caso por fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, que afecto al erario fiscal en más de 5.000 millones de pesos.
Se trata del fraude realizado por José Raúl Soto Bravo quien se desempeñó en JUNAEB como coordinador de la tarjeta nacional estudiantil (TNE), quien también fuera gobernador de la provincia de Curicó (2001-2004) y jefe de finanzas del departamento de educación de la municipalidad de Curicó hasta Noviembre del año pasado.
Si ya resulta indignante el delito y su comisión, más indignante es aún la resolución que condenó a Raúl Soto en un juicio abreviado a cinco años de libertad vigilada, aduciendo la Fiscalía atenuantes como la intachable conducta anterior del condenado y su colaboración en la investigación.
Los delitos de corrupción son de carácter gravísimo ya que afectan a la sociedad en su conjunto, nos dañan a todos y aumentan la desconfianza en las instituciones. Lamentablemente en nuestro país tienen -en la mayoría de los casos- condenas que a todas luces son insuficientes, y donde las salidas alternativas son la regla general. Según nuestros datos, en los delitos de cohecho que son conocidos por un nuestros tribunales sólo el 5 % de las condenas son privativas de libertad aflictiva; en el 68% se llevó a cabo un juicio simplificado; y en un 18% se resolvieron en virtud de un procedimiento abreviado.
En el caso del delito de malversación de caudales públicos un 22% de los casos llegan a una condena privativa de libertad aflictiva; el 57% de los casos se resuelven mediante un procedimiento abreviado, y el 20% mediante un juicio simplificado.
Hace pocos días la OCDE recomendaba a Chile el revisar las penas asociadas al delito de cohecho a funcionario público extranjero y destacaba la escasa actividad investigativa, criticando el rápido archivo que tenían las causas de este tipo. Pensamos que estás criticas son extendibles a los casos como el descrito.
No cabe duda que en las últimas décadas han existido avances en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, tales como, la ley de acceso a la información, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la recientemente dictada ley que regula la actividad del lobby. El problema es que si dichos cuerpos legales no van acompañados de un fortalecimiento del Ministerio Público y su labor investigativa -en delitos que son de alta complejidad- y una penalidad adecuada que sea un real desincentivo para cometer este tipo de ilícitos.
No debemos dejar de indignarnos ante la corrupción pero debemos ser más frontales como país en su combate si queremos avanzar aún más en los rankings de transparencia, pero más importante aún, si queremos recuperar la tan alicaída confianza en las instituciones que nos pertenecen a todos.