Cristina Fernández de Kirchner termina 2016 con un nuevo procesamiento, pero esta vez por corrupción. La ex Presidenta argentina (2007-2015) fue encausada por el juez federal Julián Ercolini por asociación ilícita y administración fraudulenta en el otorgamiento de concesiones de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez.
Además, el magistrado ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos argentinos (unos US$ 664 millones) y procesó a Báez, al ex ministro de Planificación entre 2003 y 2015 Julio de Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López (quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido cuando intentaba esconder casi US$ 9 millones en un convento) y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, primo del ex Presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Ercolini, acorde con lo manifestado por la Fiscalía, consideró que “se encuentra acreditado” que la ex mandataria, miembros de su equipo de gobierno y Lázaro Báez formaron parte de una “asociación ilícita” “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.
La causa fue abierta por una denuncia presentada en 2008 por la diputada Elisa Carrió -entre otros- y estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, cuyo dueño es Lázaro Báez. “Se empieza a hacer justicia” expresó hoy Carrió a través de la cuenta oficial de Twitter de Coalición Cívica, su partido político, que hoy forma parte de la alianza de gobierno.
Lázaro Báez era considerado uno de los testaferros de Néstor Kirchner y no se entiende sin él la llamada “ruta del dinero K”, es decir, la forma como supuestamente los Kirchner sacaron dinero desde la arcas del Estado. Se encuentra detenido desde abril debido a otra causa por presunto lavado de dinero. Creó su empresa Austral Construcciones 18 días antes de que Néstor Kirchner llegara a la Presidencia argentina, el 25 de mayo de 2003. Su firma fue favorecida por 52 contratos que en un 50% quedaron inconclusos pese a lo cual cobró al Estado con sobreprecios superiores al 65%, aseguró el diario Clarín. Así, sólo en sobreprecios Austral recibió US$ 1.000 millones y US$ 3.232 millones en contratos.
Los fiscales del caso Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían lanzado sus dardos contra los ahora imputados por presuntos delitos de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública. Eso, al considerar que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la austral provincia de Santa Cruz que beneficiaron a Báez.
Este es el segundo procesamiento en contra de la ex mandataria. El otro caso es por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión.
Asociación ilícita
Desde las redes sociales, Cristina Fernández disparó con una andanada: “Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado… Ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas… ¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011?… Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”.
“Estamos con mucha tranquilidad, porque era algo esperable. Es una causa del año 2008. Han pasado dos períodos constitucionales, nunca la han llamado a (declaración) indagatoria en estos dos períodos y ahora que está el gobierno de Macri la llaman a indagatoria y la procesan”, criticó, en declaraciones a la agencia EFE, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex Presidenta. A su juicio, tal como lo ha dicho Cristina K, todo esto “es típico de una persecución absolutamente política y judicial”.
El abogado adelantó que “posiblemente” presentará una apelación ante la Cámara Federal al considerar que lo expuesto por Ercolini es “de una calidad realmente paupérrima” y supone tomar “livianamente” un procesamiento de una ex Presidenta, lo que -en su opinión- puede ser objeto de sanción hacia el magistrado.
En su resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Cristina K como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”. Así, considera que la ex jefa de Estado “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”.
En octubre, cuando fue llamada a declarar por esta causa, la ex mandataria dijo a la salida de los tribunales, tal como ha hecho en múltiples ocasiones, que se siente víctima de “una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático” puesta en marcha desde el gobierno de Macri, que intenta, en su opinión, “tapar el desastre económico y social que tiene Argentina”.