La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, anunció que los trabajadores del Estado que tengan sentencias por actos de corrupción podrán ser despedidos.
Esta es una ampliación de la ley de la muerte civil, que se promulgó en octubre pasado.
En ese sentido, explicó que se corrigió la norma para garantizar su aplicación al presente. “Hemos corregido esa norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de corrupción y para que se pueda despedir a una persona sentenciada por corrupción hoy día. No se podrá aplicar como una pena, eso es a futuro, pero sí se le podrá despedir si es que la sentencia es por corrupción”, comentó Pérez Tello.
Fuentes del Minjus precisaron que esta medida será aplicable a cualquier funcionario con sentencia, sin importar el tiempo transcurrido.
Tres ejes
Dentro de los 14 decretos legislativos aprobados ayer (además de los vinculados a la lucha contra la corrupción) están otros temas: tributario, de simplificación administrativa y de justicia.
Trascendió que restan unos 16 decretos sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, los cuales deberían ser aprobados la próxima semana.
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, remarcó que este paquete de decretos está enfocado en tres ejes: prevención, persecución y sanción y la recuperación y reinserción social de los infractores.
“Son necesarios para pelear contra la corrupción. Si no trabajamos en estos tres ejes en paralelo, y de forma complementaria, no se puede tener resultados tangibles para el ciudadano”, enfatizó.
En la primera sesión del Consejo de Ministros del 2017 se culminará con la aprobación de normas en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso, cuyo plazo vence el próximo 6 de enero.
En este paquete de medidas también se aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos para uniformizar las reglas en las municipalidades.
“Se reducirán así espacios de coimas. La finalidad es evitar que el usuario realice pagos indebidos para acelerar expedientes y trámites”, detalló la ministra de Justicia.
Otra medida aprobada implica la prevención del lavado de activos, para que el dinero que circula en el país tenga procedencia lícita. Para ello será necesario facilitar el acceso a información y fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF.
Asimismo, se dio el visto bueno a la modificación de tipos penales para ampliar los plazos de investigaciones preliminares a cargo de la Fiscalía, hasta entre 7 y 10 días. Antes el límite era de 24 horas. Mientras que el plazo de prisión preventiva se amplió de 9 a 18 meses.
“Todo esto tendrá un control de legalidad para que no exista abuso ni se fomente la negligencia en la actuación de las entidades encargadas de justicia”, dijo Pérez Tello.
También se promulgará, hoy, un decreto que facilita la participación de colaboradores eficaces, protegiéndolos para reforzar la persecución de la corrupción.
La titular del Minjus explicó que, incluso, las personas privadas de su libertad podrán ser colaboradores eficaces. Y se le ha dado facilidades a la Fiscalía para que puedan realizar investigaciones con agentes encubiertos.
Finalmente, como medida de recuperación y para evitar la reincidencia delictiva, se aprobó que los centros de menores infractores dependan, en adelante, del Ejecutivo y no del Poder Judicial.
Centros de reclusión como el de ‘Maranguita’ recibirán la atención de diversos sectores del gobierno y de los ministerios de Educación, de la Mujer entre otros.
Agenda pendiente
El 30% de las 100 recomendaciones de la Comisión de Integridad están recogidas en las normas antes mencionadas, mencionó la titular de Justicia. Y destacó que entre los puntos pendientes de aprobación se encuentran los referidos a: la Procuraduría General del Estado, la creación de la Autoridad de Transparencia, la carrera penitenciaria, la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario y la norma sobre conflicto de intereses.
Sobre esto último, Pérez Tello señaló: “De esta manera podremos tener claro quién es quién y a qué intereses una persona podría estar representando”.
Aún quedan modificaciones pendientes al Código Penal. Y con respecto a los grilletes electrónicos, hacia el mes de abril se tiene pensado iniciar con su empleo.
Pérez Tello adelantó que el gobierno estudia medidas para sancionar la responsabilidad de personas jurídicas en hechos de corrupción, esto a raíz del caso Odebrecht. La idea es evitar que estas compañías se reciclen y vuelvan a contratar con el Estado.
El miércoles, el premier Zavala precisó que Odebrecht no participará más en más licitaciones en el país.