Señor Director:
“El Mercurio” del 21 de octubre informa que el Consejo para la Transparencia solicitó la entrega de correos electrónicos al subsecretario del Interior. Señala, asimismo, que el Tribunal Constitucional (TC), en decisiones recientes recaídas en causas en que se debate la publicidad de correos electrónicos de autoridades, ha sostenido que tales correos son comunicaciones privadas.
La jurisprudencia sentada por el TC se puede traducir, en la práctica, en que la autoridad administrativa tendría un amplio margen para dejar fuera del conocimiento público información vinculada a sus funciones, bastando para ello que la información esté contenida en un correo electrónico. Estimamos que lo anterior implica un retroceso en materia de transparencia y sienta un complejo precedente, ya que se corre el peligro de que autoridades y funcionarios puedan, en la práctica, retener información que debiera ser pública.
No se puede desconocer la existencia de información en poder de la administración que esté contenida en soportes como el correo electrónico, y cuyo conocimiento por parte de la ciudadanía sea de importancia para el escrutinio de los fundamentos del actuar de la autoridad, e incluso, para detectar y prevenir oportunamente actos ilícitos o indebidos, como los casos recientes de posibles sobreprecios en licitaciones del Ministerio del Interior y una supuesta red de corrupción en la PDI.
Sin duda, la situación creada por el TC requiere de una solución legislativa. Creemos necesario, entonces, introducir a la Ley de Acceso a la Información las modificaciones necesarias para que, sin afectar la privacidad, disponga que las comunicaciones por cualquier medio sean de público acceso, excluyendo aquellas sujetas a una causal legal de secreto o reserva. De lo contrario, estaremos avalando una potencial opacidad y secretismo en los actos públicos.
GONZALO DELAVEAU SWETT
Presidente Chile Transparente