Ha causado controversia el anuncio de la alcaldesa electa de Hualpén de que una vez que asuma el cargo nombrará como jefe de gabinete al ex alcalde de la misma comuna. Este fue removido de su cargo por resolución del Tribunal Electoral Regional del Biobío, por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa. En dicha sentencia se le impone, además, la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por cinco años. El ex alcalde también enfrenta una causa penal en su contra.
La alcaldesa electa afirma que “no hay impedimentos legales, administrativos, éticos ni morales” para tal designación; esta se efectuaría mediante una contratación a honorarios. Así, de acuerdo a la ley, el nuevo jefe de gabinete no quedaría sujeto al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; por lo tanto, no le afectaría la inhabilidad declarada por el Tribunal Electoral Regional. La noticia de esta designación ha generado molestia, incluso en el mismo partido en que militan la alcaldesa electa y el ex alcalde, y los concejales opositores ya han anunciado que llevarán el asunto a la Contraloría General de la República.
En este caso es claro que mediante una contratación a honorarios se pretende burlar el sentido de las normas que requieren estándares de idoneidad para ingresar a la municipalidad. La ley establece como requisitos para dicho ingreso el no haber cesado en un cargo público por medida disciplinaria y no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito. Estos requisitos no rigen para las personas contratadas a honorarios, aunque cabe tener presente que bajo tal modalidad la ley sólo permite contratar a profesionales o expertos para labores accidentales, que no sean las habituales de la municipalidad, y la prestación de servicios para cometidos específicos.
Esta situación ilustra la necesidad de implementar cambios que tiendan a asegurar los estándares de probidad de las personas que trabajan en las municipalidades, algo de lo que se hace cargo, en buena medida, el proyecto de ley actualmente en trámite, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (Boletín Nº 8210-06). La iniciativa, además, propone establecer un nuevo mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad administrativa del alcalde y la creación de un Sistema de Alta Dirección Pública para la contratación de directivos municipales que no son de exclusiva confianza del alcalde.
En el proyecto también se propone la eliminación del límite de personal a contrata, que actualmente no puede exceder el 20% del gasto total en personal de planta, medida que apunta a la profesionalización del personal y que tendría como externalidad positiva el paso de los actuales contratados bajo la modalidad de honorarios, a la de contrata.
Con todo, esperamos que la discusión del proyecto de ley abra la posibilidad de establecer resguardos a la probidad en los municipios. A todas luces es incorrecto que regrese a la municipalidad una persona que ya ha causado daño a la institución y a la confianza que los vecinos deben tener en ella.